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Xornal21
Martes, 22 de agosto de 2017
OPINIÓN

Derechos laborales

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JOSÉ MANUEL PENA.

Algunos principios básicos de la legislación laboral se están pasando por alto, en demasiadas empresas de nuestro país, bajo el pretexto de evitar expedientes de regulación de empleo, los famosos ERE, o lo que es lo mismo despidos colectivos. En la mayoría estos casos son encubiertos para deshacerse de los trabajadores con mayor antigüedad en la empresa, evitando pagarles mayores indemnizaciones por la extinción del contrato laboral, en todo caso siempre contrario a la voluntad del propio trabajador, pues evidentemente,  nadie en su sano juicio desea dejar voluntariamente su puesto de trabajo, máxime en la actualidad.
 

Hasta hace poco tiempo había establecida una legislación social básica y de obligado cumplimiento para todas las empresas y trabajadores por cuenta ajena, tanto sean públicos o privados. Ahora ya se vulneran con total alegría y, sin ningún tipo de impunidad, muchos de los derechos adquiridos así como el principio de norma más favorable y ya no hay problema para entrar a “negociar” la pérdida de una de las pagas extraordinarias, la reducción de los días de descanso, la minoración del salario con el incremento del tiempo de trabajo, el no disfrutar de las vacaciones y un largo etcétera de “atropellos y abusos” que vulneran claramente la legislación laboral nacional, las directrices de la Organización Internacional del Trabajo e incluso pueden ser inconstitucionales.

 

Todos los trabajadores tienen que tener en cuenta de que los derechos adquiridos no pueden suprimirse “unilateralmente” por el empresario y son inatacables por las propias leyes. Estos sólo pueden diluirse en un marco normativo más favorable en su conjunto, sin que quepa su supresión sin la obtención de provecho o ventaja alguna para los trabajadores. Claro que somos conscientes de que estamos viviendo situaciones extraordinarias pero algunos nos tememos que todo esto pueda asentar la “costumbre” necesaria para que sigan cometiéndose atropellos y la vulneración fragante y constante de la normativa legal, bajo el amparo de la crisis económica y del desempleo.

 

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