OPINIÓN
Cuarto mundo: no hay un plan B
Ha llegado a la miseria después de intentar sortear mil incertidumbres hasta que se ha visto finalmente precipitado hacia el abismo de la calle en el círculo vicioso de un sistema que se reinicia y que le devuelve constantemente a la cola de aquel comedor social. Alli nuestro protagonista se cruzará inevitablemente con la esquiva la mirada de algún desconocido que le devolverá por un momento al breve consuelo de que no está solo en su condición de desarraigado.
Estamos ante una lacra social de magnitud inconmensurable en donde el principal compromiso tiene que salir necesariamente del gobierno, a nivel local como autonómico, y en su obligación de establecer políticas sociales de atención al desarraigado en cumplimiento a lo establecido en nuestra Constitución en cuánto a un Estado Social de Derecho. Estas normas muy pocas veces se cumplen, negando a estas personas (ni son mendigos, ni desequilibrados, ni indigentes, ni indeseables) la oportunidad de rehacerse ante la sociedad en donde en un tiempo mejor fueron quizá motor laboral y estímulo colectivo. Los desarraigados están expuestos a situaciones traumáticas que de no ser atendidas con prontitud les conducen a padecer serios trastornos que los van a afectar de por vida y los van a alejar para siempre de ese Estado Social que nuestra Constitución proclama: el de una mayor Justicia social. Esto nos lleva ante la necesidad de mayores oportunidades en los programas de atención social que no deben quedar en simples medidas cosméticas como el Albergue o el manido recurso del Comedor social. A medida que nuestra ciudad crece, a la par de sus problemas se observa la presencia de nuevos desarraigados como personas que han llegado a extremos de una desatención social brutal. En estas condiciones, los ciudadanos nos estamos acostumbrando a verlos desde la barrera y con esporádicas limosnas tranquilizamos nuestras conciencias al tiempo de ignorar su realidad.
Con independencia del actual asistencialismo no se vislumbra un plan integracional que además del factor vivienda, dé cobertura de asistencia médica y psicológica, así como los instrumentos para desarrollar sus habilidades en una actividad útil a sí mismos y a la sociedad. Se ignora así un problema en crecimiento constante con el riesgo añadido de que muy pronto este sector de población cope los espacios urbanos y alrededor de ellos se vaya acrecentando otro problema más delicado, el de la inseguridad ciudadana, pues estas personas irán acudiendo, en su mayoría, a la violencia como medio de obtener por su mano lo que la sociedad les niega.
Ha llegado a la miseria después de intentar sortear mil incertidumbres hasta que se ha visto finalmente precipitado hacia el abismo de la calle en el círculo vicioso de un sistema que se reinicia y que le devuelve constantemente a la cola de aquel comedor social. Alli nuestro protagonista se cruzará inevitablemente con la esquiva la mirada de algún desconocido que le devolverá por un momento al breve consuelo de que no está solo en su condición de desarraigado.
Estamos ante una lacra social de magnitud inconmensurable en donde el principal compromiso tiene que salir necesariamente del gobierno, a nivel local como autonómico, y en su obligación de establecer políticas sociales de atención al desarraigado en cumplimiento a lo establecido en nuestra Constitución en cuánto a un Estado Social de Derecho. Estas normas muy pocas veces se cumplen, negando a estas personas (ni son mendigos, ni desequilibrados, ni indigentes, ni indeseables) la oportunidad de rehacerse ante la sociedad en donde en un tiempo mejor fueron quizá motor laboral y estímulo colectivo. Los desarraigados están expuestos a situaciones traumáticas que de no ser atendidas con prontitud les conducen a padecer serios trastornos que los van a afectar de por vida y los van a alejar para siempre de ese Estado Social que nuestra Constitución proclama: el de una mayor Justicia social. Esto nos lleva ante la necesidad de mayores oportunidades en los programas de atención social que no deben quedar en simples medidas cosméticas como el Albergue o el manido recurso del Comedor social. A medida que nuestra ciudad crece, a la par de sus problemas se observa la presencia de nuevos desarraigados como personas que han llegado a extremos de una desatención social brutal. En estas condiciones, los ciudadanos nos estamos acostumbrando a verlos desde la barrera y con esporádicas limosnas tranquilizamos nuestras conciencias al tiempo de ignorar su realidad.
Con independencia del actual asistencialismo no se vislumbra un plan integracional que además del factor vivienda, dé cobertura de asistencia médica y psicológica, así como los instrumentos para desarrollar sus habilidades en una actividad útil a sí mismos y a la sociedad. Se ignora así un problema en crecimiento constante con el riesgo añadido de que muy pronto este sector de población cope los espacios urbanos y alrededor de ellos se vaya acrecentando otro problema más delicado, el de la inseguridad ciudadana, pues estas personas irán acudiendo, en su mayoría, a la violencia como medio de obtener por su mano lo que la sociedad les niega.

























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