OPINIÓN
Valentía y voluntad política
¿Era necesario esperar, tantos años, para saber que todo era cuestión de voluntad política?. ¿Quién resarce, ahora, de los daños morales y materiales así como de los perjuicios económicos ocasionados a miles de familias, en nuestro país?. La mayoría de las entidades financieras llevaban años receptivas, con las puertas abiertas, para que las administraciones públicas las llamasen a negociar acuerdos que garantizar, a las familias afectadas por ejecuciones hipotecarias, el derecho a una vivienda digna. Éstas llegaron un poco tarde, a pesar de que son las responsables de garantizar el cumplimiento de los derechos sociales y económicos reconocidos en la propia Constitución del 78.
Ahora, la Xunta de Galicia firma acuerdos con varias entidades financieras para “luchar activamente contra los desahucios y sus efectos en Galicia”, evitando ejecuciones hipotecarias y poniendo en manos del ejecutivo autonómico nuevas alternativas para atender los casos que más apoyo necesitan para acceder a una vivienda digna. Una de estas últimas entidades ha sido Caixabank que pretende garantizar a las familias afectadas que no tendrán que abandonar su vivienda pese a que no puedan pagarla ya que podrán seguir habitándola, en régimen de alquiler social, con una renta que nunca superará los 75 euros mensuales.
Quizás pueda ser el momento de volver a retomar las propuestas presentadas en su día, por parte de muchos colectivos sociales de nuestro país, en relación a la Iniciativa Legislativa Popular. Hoy tienen que estar más cerca cuestiones como la inembargabilidad de la vivienda habitual de los avalistas, la dación en pago retroactiva, unos alquileres más asequibles, una moratoria de desahucios de primera y única vivienda, el incrementar el parque público de vivienda así como el poder garantizar los suministros básicos a familias en situación de vulnerabilidad. Todo esto depende exclusivamente en la propia voluntad política y por hay que apelar a la valentía de nuestros gobernantes para que afronten estas cuestiones fundamentales para miles de familias, en nuestro país
¿Era necesario esperar, tantos años, para saber que todo era cuestión de voluntad política?. ¿Quién resarce, ahora, de los daños morales y materiales así como de los perjuicios económicos ocasionados a miles de familias, en nuestro país?. La mayoría de las entidades financieras llevaban años receptivas, con las puertas abiertas, para que las administraciones públicas las llamasen a negociar acuerdos que garantizar, a las familias afectadas por ejecuciones hipotecarias, el derecho a una vivienda digna. Éstas llegaron un poco tarde, a pesar de que son las responsables de garantizar el cumplimiento de los derechos sociales y económicos reconocidos en la propia Constitución del 78.
Ahora, la Xunta de Galicia firma acuerdos con varias entidades financieras para “luchar activamente contra los desahucios y sus efectos en Galicia”, evitando ejecuciones hipotecarias y poniendo en manos del ejecutivo autonómico nuevas alternativas para atender los casos que más apoyo necesitan para acceder a una vivienda digna. Una de estas últimas entidades ha sido Caixabank que pretende garantizar a las familias afectadas que no tendrán que abandonar su vivienda pese a que no puedan pagarla ya que podrán seguir habitándola, en régimen de alquiler social, con una renta que nunca superará los 75 euros mensuales.
Quizás pueda ser el momento de volver a retomar las propuestas presentadas en su día, por parte de muchos colectivos sociales de nuestro país, en relación a la Iniciativa Legislativa Popular. Hoy tienen que estar más cerca cuestiones como la inembargabilidad de la vivienda habitual de los avalistas, la dación en pago retroactiva, unos alquileres más asequibles, una moratoria de desahucios de primera y única vivienda, el incrementar el parque público de vivienda así como el poder garantizar los suministros básicos a familias en situación de vulnerabilidad. Todo esto depende exclusivamente en la propia voluntad política y por hay que apelar a la valentía de nuestros gobernantes para que afronten estas cuestiones fundamentales para miles de familias, en nuestro país


























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