A nivel local, ha salido en la prensa estos días el caso del sin techo que vivía bajo el puente de la Avenida de Alfonso Molina quién vio incendiadas sus pertenencias --quizá por un brasero-- y fue evacuado por los bomberos. La situación es extensiva a otros casos en un pais --el nuestro-- donde la crisis ha hecho caer a muchos que estaban en la cuerda floja.

Una parte (45%) lo ha hecho por la pérdida del empleo, mientras un 26% por no pagar el alojamiento, un 30% por problemas matrimoniales, y un 12%  por un desalojo de la vivienda --según el INE-.

A tales desdichas se unen casos como el desalojo dictado por cierto alcalde tinerfeño contra familias refugiadas en unos bloques de viviendas abandonados, a quienes, en nombre de su "propia seguridad” se les envió la policia y terminaron vagando por la calle con sus hijos. O bajo un puente.

Esto tendría solución si esos gobernantes destinaran fondos para rentas mínimas y viviendas de bajo coste. Por otra parte es necesario que el Gobierno suprima leyes y políticas que facilitan la penalización de las personas sin hogar y genere los incentivos para que se apliquen estrategias preventivas e integracionales. En este sentido, el Comité de Derechos Humanos de la ONU se pronunciaba en marzo del 2.014, contra la criminalización de la gente sin hogar como un tratamiento “cruel, inhumano y degradante”.

A la violación de derechos de estas poblaciones --para las que se carece de políticas específicas, salvo asistenciales-- se unen en ocasiones la limpieza social donde --se dice-- los sin hogar son llevados extramuros por las presiones que reciben de la policia donde inevitablemente utilizan viaductos, o avenidas elevadas, y los puentes para instalar su morada. La aporofobia es un delito, pero se practica.