Los diputados socialistas gallegos han registrado hoy en el Congreso de los Diputados una batería de iniciativas con la que exigen al Gobierno “su implicación, ante la paralización de la Justicia que está sufriendo Galicia”.

Los socialistas gallegos denuncian que “en Galicia se está cercenando el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva” y señalan que “el motivo es la reclamación de los funcionarios de Justicia de Galicia para que la Xunta acabe con la discriminación respecto a las y los funcionarios del sector respecto a otras CCAA”.

Señalan los diputados gallegos del grupo socialista que “una de estas discriminaciones está en el complemento autonómico transitorio, pues Galicia se encuentra muy por debajo de la media estatal, de modo que se sitúa en el 9º puesto respecto a las 12 CCAA que tienen transferida la Justicia en España, además de los miembros de la Conferencia Sectorial de Justicia (13 en total)”.

“Lo curioso está –señalan- en que el Gobierno de la Xunta hace su propio cálculo, sobre 19 CCAA y no solo sobre las 12 CCAA que tienen transferida la Justicia”. “No es lo mismo ocupar el 9º puesto de 13 –inciden- que estar en el 9º lugar de 19”.

 

Apuntan que “si se disipa la duda sobre qué puesto ocupa Galicia respecto al complemento autonómico transitorio el conflicto podría desenquistarse”

 

En este sentido, consideran que “si esta duda se disipase, el conflicto que tiene paralizada la Justicia en Galicia podría desenquistarse”.

Por ello, con sus iniciativas, exigen al Ministro de Justicia que responda oralmente en sede parlamentaria “qué va a hacer ante la paralización de la Justicia en Galicia”, así como sobre “cuántos y cuáles son los ámbitos territoriales de gestión de medios de la Administración de Justicia en España”, “cuántos miembros acuden a la Conferencia Sectorial de Justicia” y “cuántos son los pagadores reales en la Justicia en España”.

Recuerdan que “por las movilizaciones y la presión política, Feijoo votó en el Parlamento de Galicia a favor de una moción socialista para intentar un acuerdo con los afectados, con la mediación de la Presidenta del Consello Galego de Relacions Laborais”.

“Pero después –lamentan- el Presidente de la Xunta no respetó la decisión unánime del Parlamento de Galicia y demolió los tímidos resultados de aquella mediación”.

“El Gobierno central no puede permanecer impasible pues es el responsable último de asegurar a todos los españoles el derecho a la tutela judicial efectiva”-reclaman.