Para el PP "el Gobierno Municipal de Porriño chocó ayer de frente con la condena unánime de la oposición a su gestión económica. Con cerca de 3.000.000 de euros en facturas a proveedores sin fiscalizar y retiradas de la contabilidad municipal -jamás llevadas a pleno para su reconocimiento-,  devueltas por concejales y alcaldesa, No Conformadas o con el conforme tachado, alegando ausencia de contrato y en la mayoría de los casos sin contar con partida presupuestaria para poder contratarlas, la coalición llevaba a pleno ayer 3 reconocimientos extrajudiciales de crédito por importe de 554.134,08 euros, 180.983,45 euros y 63.000 euros. Sin contar en ninguno de los tres, con el apoyo de los grupos que conforman la oposición"

El primero de ellos, explican los populares, "por importe de 554.134,08 euros corresponde a facturas pendientes de proveedores de servicios, obras o suministros que presentan constatadas irregularidades en su contratación, porque han sido contratadas sin partida presupuestaria, saltándose los procedimientos de contratación legalmente establecidos. Muchas de ellas han sido registradas en 2017 y devueltas alegando "ausencia de contrato" o cualquier otro motivo, apareciendo nuevamente en 2018, incluso habiendo sido manipuladas para tachar el conforme o con Tipp-Ex la ausencia de contrato".

El segundo, "por importe de 180.983,45 euros pretendía reconocer facturas a una empresa que ha facturado al Concello do Porriño en los últimos años más de 300.000 euros y que está siendo objeto de investigación judicial. Esta empresa, presentó facturas por "alquileres de equipos audiovisuales" que rezaban en su concepto "según contrato" y "según presupuesto" pese a no tener contrato alguno ni contar con partida para ello, llegando a facturar en porcentajes (dividiendo el servicio en un 60 y un 40%) haciendo constar este fraccionamiento en el propio concepto".

El tercero, "por importe de 63.000 euros, pretendía abonar facturas a dos empresarios (familiares entre sí) alegando la "necesidad" que tenían de cobrar por estos trabajos y que "corrían riesgo de perder sus casas". Estas facturas fueron presentadas en el año 2017, retiradas alegando ausencia de contrato, y registradas de nuevo aceptándolas en 2018 pese a no contar con contrato. Hablamos de un núcleo familiar, correspondiente a un miembro destacado de la lista electoral de UDDL (éste, su mujer, la sobrina de ésta y su hermano) que ha facturado en concepto de desbroces y limpieza de viaria más de 300.000 euros y que está siendo objeto de investigación judicial por estas contrataciones, encontrándose ambos en calidad de investigados por los presuntos delitos de Tráfico de Influencias, Prevaricación y Falsedad Documental. Cabe destacar que por los mismos hechos y los mismos delitos el Ministerio Fiscal presentó denuncia contra los ediles Manuel Carrera y Orlando Márquez y contra la alcaldesa, Eva García . Sorprende pues, la decisión totalmente arbitraria de abonar el pago a estos proveedores y no al resto apuntando a una razón más personal que justificada" manifiestan desde el PP.

Por su parte, la Interventora Municipal emitió un infome sobre las facturas incluídas en los reconocimientos de crédito llevados a pleno ayer, a petición del grupo municipal popular, en el que señalaba que "las facturas correspondientes a los expedientes citados provienen de contratos en los que se incurrió en las siguientes irregularidades": "contratos verbales", totalmente prohibida y causa de nulidad de pleno derecho; "contratos en los que se omitió el procedimiento legalmente establecido", causa de nulidad absoluta de pleno derecho, "fraccionamiento de contratos" e "inexistencia de crédito presupuestario". Señalando que estas irregularidades son "causa de emisión de reparo suspensivo". La interventora municipal concluye en su informe que "puesto que estamos ante actos nulos de pleno derecho que no admiten convalidación deberá procederse a la revisión de oficio de los mismos", tal y como había solicitado el Partido Popular obteniendo la negativa del Gobierno Local, que se niega a que se investigue una a una la facturación municipal y a que se elabore de manera detallada una relación de las facturas pendientes así como las causas por las que no se imputaron al presupuesto del ejercicio de procedencia. Apunta también que tras la revisión de esta facturación y solo en el caso de haber obtenido dictamen favorable del órgano consultivo correspondiente, "estaremos en condiciones de elaborar una propuesta de reconocimiento extrajudicial".

Con todo esto, "y a fin de desmentir las acusaciones y mentiras vertidas por el Gobierno Municipal sobre este grupo, desde el Partido Popular manifiestan que el Partido Popular de O Porriño no va a ser cómplice de las irregularidades cometidas por la coalición PSOE-UDDL, ni del engaño y estafa a las empresas y autónomos que prestan o prestaron sus servicios al Concello ni del daño ocasionado al herario público".

Los populares denuncian "la responsabilidad del caos económico y la elevada deuda a proveedores corresponde únicamente al Gobierno Municipal de O Porriño que gasta lo que no tiene, paga servicios que no han sido debidamente justificados mientras deja sin cobrar a otros proveedores y hace desaparecer sus facturas de trabajos que a todas luces sí han sido prestados, se salta los procedimientos legalmente establecidos para contratar, engaña a las empresas e intenta posteriormente tapar sus corruptelas con mentiras, intentando volcar en el Pleno de la Corporación una responsabilidad que es exclusivamente suya".

El PP explica que "no es responsable de que los proveedores no cobren. La alcaldesa, Eva García, y su socio de gobierno, Manuel Carrera, mienten a los proveedores y empresas asegurando que el Partido Popular vota en contra de pagar sus facturas, cuando tan solo han llevado a pleno un tercio de las mismas y además lo han hecho seleccionándolas de manera totalmente arbitraria. Con tal motivo, invitamos a la alcaldesa Eva Garcia y a Manuel Carrera a que tengan el valor de citar las facturas de empresas que han hecho desaparecer, las que han devuelto, las que jamás han sido llevadas a pleno y a contestar si se han incluído en algún REC las facturas de las orquestas y actuaciones de las Fiestas del Cristo, las facturas de la Piscina Municipal, recogida de basura, seguros, instalación de papeleras..."

Por último indican que "El pleno de la corporación no es el órgano encargado de aprobar el pago de facturas. Es el Gobierno Municipal quien tiene competencia para ello y tan sólo en casos excepcionales puede recurrir al pleno a través de Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito, medida que la coalición PSOE-UDDL utiliza de manera sistemática para eludir sus responsabilidades"