La junta directiva de la Federación Gallega de Estaciones de Servicio (FEGAES) se ha reunido recientemene en el Club Financiero de Santiago con representantes de CCOO, UGT, CIG, Facua Galicia y UCGAL para analizar la situación del sector en la Comunidad y plantear la puesta en marcha de actuaciones conjuntas que hagan llegar a la Xunta de Galicia la necesidad de revisar la legislación que regula la apertura y el funcionamiento de las gasolineras sin personal.  

En el encuentro, en el que han participado la junta directiva de FEGAES; Ángel Marinero, responsable del área de Energía de CCOO; Manuel Lozano, representante de FICA UGT; y Jesús Pastoriza, responsable de Transportes de CIG; Víctor Muñoz, presidente de Facua Galicia; y Miguel López, secretario general de UCGAL; han debatido acerca de la permisividad del ejecutivo gallego en la apertura de este tipo de establecimientos y han coincidido en destacar que las gasolineras desatendidas amenazan la seguridad de los usuarios y el entorno, destruyen cientos de puestos de trabajo y vulneran los derechos de las personas con problemas de movilidad o discapacidad.  

Según su punto de vista, la obligación de la presencia de una persona responsable en las gasolineras se impone por razones de seguridad, para garantizar que los usuarios cumplan con la normativa existente y respeten las prohibiciones establecidas.

En las gasolineras desatendidas es precisa una labor activa del consumidor, que debe manejar la apertura y cierre del depósito de su vehículo, la puesta en funcionamiento del surtidor o la aplicación de la manguera; todo ello velando para que no se produzcan vertidos ni situaciones de riesgo. Además, al carecer de personal no existe nadie que pueda asegurar que no se reposta con el motor en marcha, las luces encendidas o incluso fumando.

También han mostrado su preocupación porque la apertura de gasolineras desatendidas hace que alrededor de 65.000 empleados que trabajan en las estaciones de servicio atendidas vean amenazados sus empleos y el futuro de sus familias. En los últimos dos años se han destruido 2.700 puestos de trabajo, coincidiendo con la apertura de 500 gasolineras sin personal.

Asimismo, tanto FEGAES como sindicatos y representantes de los consumidores han hecho hincapié en que el modelo de las gasolineras desatendidas no sólo vulnera el derecho de accesibilidad de las personas con discapacidad, también suponen un riesgo para este colectivo a la hora de manipular el combustible, por lo que resulta indispensable que se regule para que siempre haya al menos un empleado que pueda prestarles asistencia.

Para trasladar sus reivindicaciones a la Administración, los participantes en la reunión han diseñado una hoja de ruta sobre la que comenzarán a trabajar de inmediato para poder llevar a cabo las primeras actuaciones en las próximas semanas.