El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha emitido un comunicado institucional el pasado 29 de octubre de 2019 en el que indica que va a realizar estudios obteniendo datos de ubicación de los teléfonos móviles de los ciudadanos. En concreto, de las compañías Movistar, Orange y Vodafone, con el objetivo de conocer con más exactitud los hábitos de movilidad de la ciudadanía, y que así los poderes públicos puedan actuar con más eficacia en diversas materias como el transporte público.

Teóricamente, según el INE, los únicos datos tratados de los ciudadanos serán “tablas agregadas de resultados”. No obstante, es una cuestión abierta puesto que, entre otras cuestiones, no existe ningún mecanismo que garantice qué datos concretos de los ciudadanos obtendrá el Estado.

Vemos entonces que la cuestión esencial para analizar la legalidad de la medida es saber qué datos concretos obtenidos de los teléfonos móviles van a ser tratados. De hecho, la Agencia Española de Protección de Datos ya ha anunciado que controlará el procedimiento de trasmisión de datos para que se ajuste a la más estricta legalidad.

La polémica está servida, ya que existe un gran colectivo que no está dispuesto a trasmitir datos tan personales al Estado, como su ubicación en cualquier momento. Sobre todo, teniendo presente que no existen episodios como este en el resto de los países de nuestro entorno comunitario.

Por ello, desde LABE ABOGADOS, han creado una plataforma que aúna a todos los disconformes con esta medida y que persigue un objetivo claro: Tratar de revocarla o, al menos, que no afecte a los disconformes que de forma legítima ejerciten sus derechos.