Desde CEJUEGO, Consejo Empresarial del Juego, y en nombre de su director general, Alejandro Landaluce,  queríamos compartir con ustedes un ejemplo más de que las duras restricciones que está sufriendo el sector del juego privado a nivel nacional y autonómico no van dirigidas a proteger al ciudadano, sino al juego de gestión pública.

 

 

En la imagen que compartimos, que corresponde a Asturias, podemos ver una sala de juego cerrada por las fuertes restricciones mientras que el sector público aprovecha esta situación para copar el mercado. Esta anecdótica imagen, en la que además se puede ver a dos jóvenes participando en lo que a priori puede ser un juego instantáneo de la ONCE, es un ejemplo más de unas medidas que ahogan aún más a un sector gravemente afectado por la crisis de la COVID y que acaba de afrontar una regulación de las comunicaciones comerciales, a nivel central, que es muy restrictiva y que mantiene al margen al sector del juego público. Algo que está totalmente injustificado y es injusto en cuanto a competencia de mercado. 

 

 

Aprovechamos para recordarles que, además de suponer una actividad de ocio y entretenimiento totalmente regulada y normalizada en nuestro país, el juego privado genera (datos antes de la crisis de la COVID-19) 47.178 empleos directos, 174.500 indirectos, solo en su actividad presencial, y 1.025 millones de euros en el sector de hostelería que equivalen al coste laboral de 54.263 empleados en este sector que tanto apoyo necesita en estos momentos. Además, el sector del juego contribuye con más de 1.300 millones de euros a las arcas públicas del Estado. 

 

 

Por todo ello, desde CEJUEGO se denuncia la situación que vive el sector del juego y la falta de apoyo a una industria que como otros muchos se está viendo duramente afectada.