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Lunes, 14 de Febrero de 2022 Tiempo de lectura:
MOS

El polígono de Monte Faquiña es "siete veces mas caro"

Un informe comparativo elaborado por la asociación empresarial AEMOS sitúa el área industrial mosense siete veces por encima en precio de la opción menos económica de las existentes en Valença do Minho

La zona industrial de Monte Faquiña es exageradamente más cara que cualquier otra de su entorno una vez aplicado el canon que pretende imponer la comunidad de montes de Tameiga. Un estudio realizado por la Asociación de Empresarios de Mos (Aemos) revela la enorme diferencia entre los precios que exigen los comuneros y las facilidades que se dan en cualquiera de las otras áreas empresariales del Sur de Vigo.

 

Monte Faquiña es hoy nada menos que siete veces más cara que la opción menos económica de las ofertadas en Valença do Minho, un territorio hacia el que están estudiando desplazarse numerosas empresas de Tameiga y Cabral (Vigo) precisamente por la presión de las comunidades de montes.

 

El informe compara los precios de Monte Faquiña con los de otras cuatro áreas empresariales: terrenos de la comunidad de montes de Dornelas (adyacentes al polígono de Monte Faquiña), suelo de comunidades vecinales de Valença do Minho, polígono industrial de A Veigadaña y Plataforma Logística Industrial Salvaterra-As Neves (Plisan).

 

A modo de ejemplo, muestra un cuadro con los precios en cada polígono para una parcela de 5.000 m2 con un porcentaje máximo de ocupación del 80%, es decir, en la que se podrían ocupar 4.000 m2 para edificar una nave y disponer de los 1.000 m2 restantes para explanada de servicios.

 

El trabajo aclara que en el caso de Valença do Minho se ha asumido la oferta más cara de cuantas se pusieron sobre la mesa en las visitas realizadas recientemente a la zona por empresarios interesados en la captación de suelo, pues la propia Câmara Municipal dejó claro que existía suelo dependiente de comunidades vecinales a un precio simbólico bastante más barato (1€ por m2 al año frente a 4€ por m2 al año que adjudica el estudio).

 

 

 

 

Parcelas abandonadas por las empresas a raíz de la presión de la comunidad de montes de Tameiga se mantienen sin actividad desde hace meses

 

 

 

 

Aemos entiende que el informe refleja con claridad la irracional posición de los comuneros de Tameiga frente a un mercado tremendamente competitivo y lamenta que su postura suponga un freno para la captación de nuevas inversiones empresariales tanto por precio como sobre todo por inseguridad jurídica. En este sentido, apunta que en Monte Faquiña se empiezan a ver parcelas abandonadas por las empresas que se mantienen sin actividad hace ya varios meses.

 

La asociación recuerda que tanto en el caso de Tameiga como en Cabral, la problemática surgió a raíz de que los tribunales otorgaran la propiedad del suelo que ocupan las empresas a las comunidades de montes. Los comuneros de Tameiga decidieron no respetar las condiciones de los contratos fijados en su día por el Concello de Mos con las firmas empresariales, que realizaron millonarias inversiones para poner en marcha sus actividades bajo la premisa de contar con un canon determinado y una duración de la concesión suficiente para garantizar la amortización del negocio. Muchas de ellas se encuentran ahora con que sus concesiones caducan, sin que se respeten siquiera los acuerdos alcanzados con el Concello para prorrogarlas, y que la entidad comunal pretende imponer ese canon totalmente desorbitado e inasumible, con incrementos por encima del 1200%.

 

Se teme además que en Cabral acabe ocurriendo lo mismo que en Monte Faquiña y que se abra la puerta a una situación de inestabilidad e inseguridad hacia la propiedad privada.

 

Precisamente la inseguridad jurídica de las zonas industriales de Galicia, pues nada garantiza a los empresarios que otras comunidades de montes acaben reclamando también la titularidad de los suelos donde puedan asentarse (como en Monte Faquiña y Cabral), es la cuestión que más está pesando para que se valoren con enorme interés las ofertas de terrenos llegadas desde Portugal.

 

Por este motivo, los empresarios han demandado ya en varias ocasiones de las administraciones un cambio normativo que solucione el actual conflicto con los comuneros y evite que se reproduzca en otros territorios.


 

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