Tras registrar en 2019, el año previo a la crisis sanitaria, la cifra más baja de los últimos catorce años (758), las demandas de ejecuciones hipotecarias presentadas en Galicia han incrementado en los dos últimos años, pues en 2020 se registraron 772 y, en 2021, 893, lo que supone una subida interanual de un 15,7 %. Si la comparación la realizamos con 2019, el aumento es del 17,8 %. En el conjunto del Estado, en 2021 incrementaron un 36,2 %, pero disminuyeron un 28,8 % con respecto a 2019, según se desprende del informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’, hecho público hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El año pasado los juzgados especializados en cláusulas suelo ingresaron 6.607 asuntos (un 90,5 % más) y dictaron, en estos procedimientos, 6.970 sentencias, un 83 % más que el año anterior, afectado por la pandemia de la COVID-19.  

Los datos también reflejan un incremento de un 19,2 % en el número de lanzamientos practicados por los juzgados gallegos en 2021, al pasar de 1.398, en 2020, a 1.667 lanzamientos, en 2021. En 2019, sin embargo, se contabilizaron 2.271, es decir, un 26,6 % más que el año pasado. De los 1.667 practicados, 1.294, el 77,6 %, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, por impagos de alquiler. Otros 336 correspondieron a ejecuciones hipotecarias; y, los 37 restantes, derivaron de otras causas. En el conjunto del Estado aumentaron un 40,6 % respecto al año anterior. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de estas, no solo a vivienda habitual.

El estudio, además, refleja que en 2021 los juzgados de la comunidad recibieron 78 demandas por ocupación ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social. En 2020 registraron 94, lo que supone que experimentaron un descenso interanual del 17 %. En total, en Galicia se registraron, por cada 100.000 habitantes, 2,9 verbales posesorios por ocupación ilegal de vivienda, una tasa que es la tercera más baja del Estado, por detrás de Navarra (1,8) y Asturias (1,9).

Concursos

El informe presentado hoy también incluye datos de los concursos presentados en los juzgados de lo mercantil. De los 285 registrados en 2020, se pasó a 313, en 2021, lo que supone una subida del 9,8 %. De ellos, 200 correspondieron a personas jurídicas y 113 a personas físicas empresarias. Con respecto a los concursos de las personas naturales no empresarias, que desde la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que entró en vigor el 1 de octubre de 2015 corresponden a los juzgados de primera instancia e instrucción, se presentaron en Galicia 406 casos, frente a los 301 del mismo periodo del año anterior (un 34,9 % más). 

En cuanto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativos a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (EREs), en la comunidad gallega se contabilizaron, el año pasado, 50, un 11 % más que en 2020, cuando se registraron 45. En los juzgados de lo social, según el informe de la Sección de Estadística del CGPJ, se interpusieron 4.851 demandas por despido, lo que supone un descenso interanual del 11 %, pues en 2020 se registraron 5.461. 

El estudio, además, refleja que el número de procedimientos monitorios presentados en 2021 en los juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción se mantiene. En Galicia se presentaron 40.142, frente a los 40.267 del año anterior. Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.