La creciente subida del IPC al 9,8% va a deteriorar si cabe aún más la ya complicada situación económica de miles de familias, muy debilitada desde el inicio de la pandemia. De hecho, el daño económico sufrido en 2020 se agravó durante 2021, revela una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a 3.813 personas de entre 25 y 79 años con el fin de valorar la solvencia financiera de los hogares, o lo que es lo mismo, su capacidad para afrontar los gastos domésticos en vivienda, movilidad, alimentación, salud, educación y ocio.

Los datos, publicados en la revista OCU Compra Maestra de abril, reflejan que hasta un 66% de los hogares tuvo dificultades para ahorrar dinero el año pasado (en 2020 fue un 60%). Y lo que es peor, un 8% sufren graves dificultades económicas (en 2020 fue un 6%).

Pero las dificultades económicas no han afectado por igual a todas las regiones. Los peores resultados se concentran en cinco comunidades autónomas: Canarias, la Región de Murcia, Baleares, Andalucía y la Comunidad de Madrid. Llama la atención la situación de la Región de Murcia, que ha bajado diez posiciones en apenas un año; mientras que Canarias sigue un año más a la cola, con un índice cinco puntos menor que la media nacional.

La encuesta también apunta partidas de gastos relevantes que resultan difíciles de afrontar. Les sucede a un 43% de los encuestados cuando se les pregunta por el pago de los suministros de gas, luz y agua. Y a un 31% cuando se alude a la adquisición de alimentos básicos como la carne y el pescado. Además, acudir al dentista o a la óptica supone un importante esfuerzo económico para el 46% y el 31% de las familias, respectivamente. 

OCU pide a las diferentes administraciones ayudas directas a los consumidores vulnerables, especialmente en hogares con niños y padres en situación de desempleo, entre los más afectados según la encuesta; además, debería de agilizarse el acceso a otras ayudas que ya existen, como el bono eléctrico y el térmico. La organización estima que alrededor de 1,2 millones de hogaresno disfrutan de esta última ayuda aun cumpliendo los requisitos para recibirla, por lo general por no haber sido informados correctamente de su existencia y las dificultades para tramitar su acceso y mantenerlo.