La Asociación de Empresarios de Mos, Aemos, y la Asociación de Vecinos y Empresarios de Cabral, Aveeca, han remitido a la Xunta sendos documentos con un conjunto de propuestas para que sean tenidas en cuenta en el actual debate en torno a la futura Ley de Montes. Las asociaciones piden en los escritos que el futuro marco legal que regule las comunidades de montes y sus actividades “controle las conductas abusivas de determinadas comunidades”. Entre estas se encuentran las acciones emprendidas por los comuneros de Santa Marina de Cabral, en Vigo y las sucedidas en Tameiga, Mos. En el primero de los casos, han presentando denuncias contra empresas y particulares para reclamarles el suelo que ocupan en la actualidad basándose en levantamientos administrativos del siglo XIX. En el caso de Mos, la comunidad de Montes gestiona actualmente el Polígono de Monte Faquiña, donde un juez ha dado la razón a cuatro empresas que denunciaron una subida excesiva del canon.  

La Consellería de Medio Rural abrió el pasado mes de abril un periodo de alegaciones que finaliza mañana, 24 de mayo, durante el cual particulares y colectivos podrían enviar aportaciones y sugerencias para la futura Ley de Montes vecinales en mano común.

Según Aveeca y Aemos, con el actual marco legal existe “inseguridad jurídica y económica” que perjudica a particulares, muchos de ellos personas de avanzada edad, jubilados o familias hipotecadas así como a empresas con decenas de empleados; y satisface solo los intereses particulares de determinadas comunidades de montes que no se paran ante el drama personal que supone perder sus casas. La quiebra jurídica de estos casos llega a convertir en papel mojado registros de la propiedad, hipotecas firmadas ante notario, sucesiones, la calificación del suelo, los títulos públicos de titularidad, permutas administrativas o la Ley Hipotecaria.

 
Los documentos presentados por Aveeca y Aemos a la Consellería de Medio Rural se centran en cuatro propuestas. La primera de ellas es precisamente que la administración, como garante de la seguridad y tutela de sus ciudadanos, tenga en cuenta en la futura Ley la especial situación de empresas e industrias que se encuentran en monte comunal, de modo que puedan continuar desarrollando su actividad y evitar su deslocalización después de haber invertido durante décadas en infraestructuras e instalaciones. Otra de las propuestas de la asociación es establecer mayor control fiscalizador y actuaciones internas sobre las comunidades de montes como sucede con cualquier ente público o privado. En tercer lugar, que los cánones o derechos de arrendamiento no sean abusivos y se adecúen a las medidas de interés general. También piden que se adopten medidas de carácter urgente en situaciones más vulnerables como pueden ser las empresas o particulares.

Por último, empresas y particulares de Cabral y Mos han incluido en el documento la plena capacidad del legislador para poner orden en la situación actual, como hizo en su día la Ley de Costas “a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios”. En aquel caso, un informe del Parlamento Europeo, de 20 de febrero de 2009, instaba a las autoridades españolas a que revisasen y modificasen la Ley de Costas para proteger a los propietarios de viviendas en zonas de costa siempre que no tuviesen un impacto negativo sobre el medio ambiente.

Aveeca y Aemos esperan que la Consellería de Medio Rural tenga en cuenta sus alegaciones con el fin de proteger a los particulares y empresas afectadas y los futuros casos que surjan. Según estas asociaciones “es importante aprovechar esta oportunidad para acabar con este deterioro de la seguridad jurídica y económica. También es necesario que la futura Ley de Montes no choque con el correcto funcionamiento de otras leyes como la de reactivación y protección económica, empresarial y de puestos de trabajo de Galicia”.