En pleno debate sobre la actualización de la futura Lei de Montes de Galicia, la Comunidad de Montes en Mano Común de Santa Marina de Cabral ha presentado una nueva demanda sobre 16 empresas, todas ellas del polígono de Becerreira, en Cotogrande. Aveeca, asociación que integra a los afectados, tanto particulares como empresas, muestra su preocupación por “una ofensiva que sufren desde 2019, cuando algunos comuneros entraron en fincas de particulares para talar árboles y les empezaron a llegar demandas”. Por el momento, solo son las comunidades de montes de Cabral, en Vigo, y de Tameiga, en Mos (gestores actuales del polígono de Monte Faquiña) las que han reclamado suelo a particulares. Esta situación, además, solo afecta a Galicia, ya que en ninguna otra comunidad española los comuneros están generando esta inseguridad jurídica. Solo en el polígono de Becerreira, las empresas demandadas dan trabajo a 300 personas.

Las 16 empresas afectadas se han reunido en el polígono de Becerreira para analizar la situación y preparar su defensa con el equipo jurídico que asesora a la Asociación de Vecinos y Empresarios de Cabral (Aveeca) desde que la dirección de la Comunidad de montes de Cabral inició su ataque a la propiedad privada. “El cambio desde hace un par de años es que ahora van contra particulares, aunque sus casas y fincas estén debidamente registradas por sus legítimos propietarios, cuenten con títulos públicos de titularidad, permutas administrativas o hipotecas firmadas ante notario”, aclaran desde Aveeca. “El objetivo de una comunidad de montes no es la gestión de polígonos industriales y alguien debería frenar esto cuanto antes”, añaden.

En relación a los vecinos afectados, por el momento son seis demandas las que han sido notificadas. Se trata de una parcela de 4.500 metros cuadrados con dos edificaciones y cuatro viviendas afectadas, una plantación de kiwis de 1.400 metros cuadrados, otra finca cerrada de 2.800 metros cuadrados con un chalé en construcción y tres terrenos más de 1.256, 1.650 y 3.460 metros cuadrados, totalmente libres. Todas las demandas están siendo tramitadas en distintos juzgados de Vigo y fueron interpuestas entre finales de 2019 y 2021.

El argumento de los comuneros para hacerse con la titularidad de estas parcelas y expulsar de ellas a sus actuales y legítimos propietarios es siempre el mismo: que la propiedad del monte les pertenece desde tiempo inmemorial y que esta quedó plasmada en levantamientos administrativos de la última década del siglo XIX. El plano en el que se basan estos levantamientos es una fotocopia compulsada de un original que no se ha podido acreditar que exista.

Afectados de Cabral, en Vigo, y Tameiga, en Mos, llevan desde 2019 luchando para defender sus propiedades y puestos de trabajo. Han enviado un conjunto de alegaciones a la Consellería

de Medio Rural para que la futura Lei de Montes de Galicia ponga freno a esta situación de inseguridad jurídica que solo ocurre en Galicia y que se estudie una solución similar a la que en su día impuso la Ley de Costas para no atacar a los legítimos propietarios.

Treinta empresas y vecinos de Vigo afectados por estas demandas, entre los que se encuentran las 16 empresas de Becerreira, enviaron escritos al Ayuntamiento de Vigo para pedir que medie en el conflicto ya que fue el consistorio vigués el que permutó las propiedades que ahora reclaman los comuneros de Cabral. En total, 190 hectáreas que ocupan hoy con sus viviendas o empresas les fueron transmitidas por el Concello vigués hace 65 años y que ahora reclama judicialmente la Comunidad de Montes en Mano Común