La Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) ha levantado la voz en contra de los pactos de investidura liderados por el PSOE, respaldando el comunicado conjunto de CEOE, Cepyme y ATA Nacional. La CEP advierte sobre el grave menoscabo que estos acuerdos podrían suponer a la separación de poderes y a la seguridad jurídica en el país.

La Confederación hace hincapié en que el contexto actual, cada vez más incierto y turbio, está perjudicando al clima de negocios, al crecimiento económico y a la creación de empleo, amenazando incluso la unidad de mercado. El empresariado pontevedrés destaca el innegable perjuicio a la imagen de España en el exterior, crucial para la competitividad de las empresas, y apela a la intervención de la UE.

La CEP se alinea con jueces y diversas entidades que alertan sobre la amenaza que representan estos acuerdos para el sistema democrático, al fragmentar e debilitar las instituciones y la propia Constitución Nacional.

La Confederación subraya que estos pactos afectan directamente al principio de igualdad entre todos los españoles, piedra angular de la Constitución desde 1978 y fundamento de la cohesión social y de la convivencia. Se destaca que estas amenazas degeneran en un contexto incierto que perjudica al clima de negocios, al crecimiento económico y a la creación de empleo, afectando también la unidad de mercado y la imagen de España en el exterior.

En este contexto, la CEP hace un llamado al Gobierno para garantizar la estabilidad institucional y la seguridad jurídica. Lamenta la dejadez de funciones y el abandono del tejido empresarial desde la convocatoria electoral, percibiendo un país a la deriva al descuidar el rigor presupuestario y una mínima estrategia económica.

Los empresarios de Pontevedra y toda España solicitan a la Unión Europea que exija el cumplimiento de la ortodoxia económica y el rigor presupuestario, ante el peligro que supone la desviación de la ortodoxia democrática y presupuestaria actual para la zona euro.

La Confederación pontevedresa rechaza el uso del diálogo social para negociar la investidura, menospreciando la participación y autonomía de patronales y sindicatos. Hace un llamamiento al consenso político y social, instando a la moderación y destacando el objetivo común de preservar la paz social y la convivencia dentro de los márgenes constitucionales.