El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha decidido remitir al Tribunal Supremo una exposición razonada para investigar por terrorismo al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a otros miembros de Tsunami Democratic. El magistrado destaca la posición de "autoridad incuestionable" que Puigdemont tendría en la organización y señala la gravedad de los hechos ocurridos en el aeropuerto de El Prat en octubre de 2019.

En el escrito dirigido al Tribunal Supremo, el juez García Castellón sostiene que Carles Puigdemont ocuparía el vértice más alto de la organización Tsunami Democratic y que su posición como expresidente y líder desde Bruselas del independentismo le confiere "una posición de autoridad incuestionable". El magistrado destaca indicios que apuntan a la participación de Puigdemont en la planificación de las acciones de Tsunami, como mensajes entre investigados, anotaciones en agendas y el impulso a través de Twitter del lanzamiento de la plataforma.

El juez resalta la "importancia estratégica" de los objetivos de Tsunami, especialmente el bloqueo del aeropuerto de Barcelona-El Prat y la torre de control ENAIRE de Barcelona-Gavà. Se destaca la gravedad de este objetivo y las "graves consecuencias" que podrían haber tenido para la seguridad del tráfico aéreo nacional e internacional. El magistrado subraya que el colapso del aeropuerto pudo influir en el fallecimiento de una persona.

García Castellón considera necesario investigar a fondo los disturbios y el impacto en la vida e integridad de las personas. Se señala la importancia de determinar si los resultados lesivos son imputables a los responsables de Tsunami. Además, destaca la relevancia de averiguar si entre los lesionados hubo usuarios del aeropuerto, con el objetivo de concretar el riesgo para la integridad física de las personas presentes en la instalación.

El magistrado sostiene que, dada la gravedad y complejidad de los hechos, se pueden subsumir en diversas infracciones que encajarían en actos de terrorismo según el Derecho de la Unión Europea. Asimismo, destaca que los hechos podrían ser perseguidos también en Suiza y Bélgica, donde se encuentran algunos de los investigados, según los Convenios internacionales para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil.