La Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) condena la aprobación, al margen de todo proceso de diálogo social, de la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los nacionales y los de empresa, que el Ejecutivo Central acaba de aprobar este martes en el Consejo de Ministros. A este respecto, la CEP coincide con el total rechazo mostrado por CEOE y CEPYME.

El tejido empresarial de Pontevedra denuncia que se distorsiona el diálogo social y se vulnera la Constitución, que otorga a representantes empresariales y sindicales la negociación de sus propios intereses.

"Sin ningún pudor se aparta a un lado a las organizaciones empresariales, se las ignora, desconsidera y se negocia una legislatura, jugando con la jerarquía de aplicación de los Convenios Colectivos, sin tener en consideración los muchos factores involucrados" explican.

En el fondo de esta decisión "subyace la cesión del Gobierno a los partidos nacionalistas que lo apoyan, y aparte del desprecio que supone a la negociación colectiva y al diálogo social, es contraria a la Unidad de Mercado".

Esto significa que "puede crear a medio plazo diferencias importantes entre territorios que provoquen incluso la deslocalización de empresas y alterando, en todo caso, la competitividad, generando diferencias importantes en los derechos y obligaciones laborales de los trabajadores, alterando el principio de igualdad".

"De nuevo, se va precisamente en dirección contraria a las exigencias del Consejo de la UE, cuando aún no ha concluido la presidencia española" explican.

La CEP también incide en cómo afecta esta medida a la viabilidad económica de cada proyecto empresarial. Hace hincapié en las diferencias socioeconómicas entre Comunidades Autónomas e incluso entre provincias, las particularidades de los distintos sectores e incluso, las particularidades que pueden existir entre empresas, en función de su tamaño.

Desde la Confederación pontevedresa consideran que los convenios de ámbito provincial han de seguir permitiendo adaptarse en cada momento a la realidad del sector y del nivel de vida existente en cada provincia, de igual modo que los de ámbito autonómico.

Pero el marco, agregan, debe seguir diseñándolo el convenio nacional, en aquel sector en donde exista, sin perjuicio de que se identifiquen aspectos en los que pueda haber prevalencia cuando se regulen en convenios de ámbito inferior o de empresa, pero siempre en un contexto de negociación colectiva entre empresas y trabajadores, no a golpe de Real Decreto y por motivos espurios que distorsionan el mercado y crean desigualdades sociales entre las personas trabajadoras, dependiendo de donde residan.

Deslealtad institucional
Cabe recordar que Ejecutivo Central y los representantes de CEOE y CEPYME, acordaron no incluir cambios semejantes en la última reforma laboral pactada en el marco del Diálogo Social tripartito, al considerar que era un hito necesario para poder seguir recibiendo los fondos europeos previstos.

Por tanto, el Gobierno, una vez cumplido el mandato de la UE de contar con una reforma laboral pactada con los sindicatos y las organizaciones empresariales, se ha saltado reiteradamente y, en ocasiones, de forma radical los acuerdos alcanzados en el Diálogo Social. Esto demuestra una falta de lealtad y confianza imprescindible para el Dialogo Social.

La CEP advierte que se gobierna a golpe de decreto, utilizando, además, la negociación colectiva como moneda de cambio, negando el papel de los agentes sociales recogido en la Constitución.