GALICIA
La Xunta reclama al Gobierno central que cumpla su parte de la Ley de Dependencia
La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, exigió esta semana al Gobierno central un compromiso real con el financiamiento de la Ley de Dependencia durante una reunión con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. La Xunta solicita que el Ejecutivo central asuma el 50% del coste de la dependencia, como establece la ley, y liquide una deuda acumulada con Galicia que asciende a más de 2.500 millones de euros.
La conselleira recordó que Galicia destina más de 655 millones de euros anuales a la atención de personas dependientes, cubriendo un 70% del gasto frente al 30% que aporta el Gobierno central. Este esfuerzo permite que más de 77.000 gallegos con dependencia reciban servicios o prestaciones, situando la tasa de atención en Galicia en un 98%, la tercera más alta de España.
Fabiola García subrayó que resolver esta deuda permitiría a la Xunta ampliar servicios como el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAF), incrementando tanto las horas de atención como el número de beneficiarios. Asimismo, propuso reformar la Ley de Dependencia para reconocer las casas del mayor como servicio oficial y ajustar los criterios de financiación a la dispersión geográfica y al envejecimiento poblacional de Galicia.
Solicitud de fondos para la Ley ELA
La conselleira también abordó el financiamiento de la Ley ELA, aprobada recientemente y que carece de memoria económica. Galicia, pionera en la concesión de ayudas específicas para personas con esta enfermedad, destina actualmente 3 millones de euros anuales de fondos propios. Fabiola García solicitó que el Gobierno central iguale esta aportación, lo que permitiría duplicar las ayudas hasta alcanzar 24.000 euros anuales por persona.
Preocupación por la futura Ley de Familias
Finalmente, la conselleira expresó preocupación por la futura Ley de Familias, señalando la incertidumbre jurídica que podría generar para las familias monoparentales y numerosas de Galicia. Instó al Gobierno central a evaluar el impacto de esta normativa para evitar posibles perjuicios a los hogares gallegos.

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, exigió esta semana al Gobierno central un compromiso real con el financiamiento de la Ley de Dependencia durante una reunión con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. La Xunta solicita que el Ejecutivo central asuma el 50% del coste de la dependencia, como establece la ley, y liquide una deuda acumulada con Galicia que asciende a más de 2.500 millones de euros.
La conselleira recordó que Galicia destina más de 655 millones de euros anuales a la atención de personas dependientes, cubriendo un 70% del gasto frente al 30% que aporta el Gobierno central. Este esfuerzo permite que más de 77.000 gallegos con dependencia reciban servicios o prestaciones, situando la tasa de atención en Galicia en un 98%, la tercera más alta de España.
Fabiola García subrayó que resolver esta deuda permitiría a la Xunta ampliar servicios como el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAF), incrementando tanto las horas de atención como el número de beneficiarios. Asimismo, propuso reformar la Ley de Dependencia para reconocer las casas del mayor como servicio oficial y ajustar los criterios de financiación a la dispersión geográfica y al envejecimiento poblacional de Galicia.
Solicitud de fondos para la Ley ELA
La conselleira también abordó el financiamiento de la Ley ELA, aprobada recientemente y que carece de memoria económica. Galicia, pionera en la concesión de ayudas específicas para personas con esta enfermedad, destina actualmente 3 millones de euros anuales de fondos propios. Fabiola García solicitó que el Gobierno central iguale esta aportación, lo que permitiría duplicar las ayudas hasta alcanzar 24.000 euros anuales por persona.
Preocupación por la futura Ley de Familias
Finalmente, la conselleira expresó preocupación por la futura Ley de Familias, señalando la incertidumbre jurídica que podría generar para las familias monoparentales y numerosas de Galicia. Instó al Gobierno central a evaluar el impacto de esta normativa para evitar posibles perjuicios a los hogares gallegos.
































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