En estos días he participado en un encuentro, con diferentes grupos políticos y entidades sociales de la Comarca, para tratar sobre una serie de medidas de cara a mejorar el funcionamiento de los servicios sociales en los diferentes municipios. No podemos olvidarnos que  desde el comienzo de la crisis la demanda social, en situaciones de exclusión social o de emergencia social, se ha incrementado en un 70 por ciento. Por lo tanto ya nada de las soluciones anteriores pueden tener una aplicación práctica en la nueva  realidad actual.

Sin duda hay políticos responsables que escuchan, y aportan sus ideas, sin sentirse ofendidos ni molestos cuando se señalan las cuestiones que se gestionan mal o no funcionan, sobre todo teniendo en consideración las sangrantes situaciones familiares por las que están atravesando demasiadas personas. En cambio hay muchos que se molestan por todo lo que sea crítica a su gestión, sin tener en cuenta que estamos en un país libre y democrático. Por ejemplo nadie puede poner en duda que sea justo que la tramitación de la prestación del Risga se demore entre medio año o nueve meses. No olvidemos que esta renta va destinada a personas sin ningún tipo de recurso económico.

Una cosa quedó clara y es la urgencia de más recursos para los servicios sociales comunitarios y que los trabajadores sociales tendrían que ser los suficientes y tener el tiempo necesario  para la intervención, planificación y la prevención de situaciones de exclusión social, no estando cerrados en los despachos constantemente tramitando expedientes. También se puso encima de la mesa el temor a la entrada en vigor de la Ley de racionalización y sostenimiento de la administración local que regirá a partir del próximo mes de enero y que afectará muy negativamente a los municipios de menos de 20.000 habitantes.