Conmemoramos el 38 aniversario de la constitución española y siguen sin cumplirse los Derechos Fundamentales, a pesar de tener plena fuerza normativa y de vincular a todos los poderes públicos, incluso al legislador. ¿Qué pasa con el desarrollo y el cumplimiento de los principios rectores de la política social y económica?: la protección social de las familias; promover el progreso social y una distribución de la renta de manera equitativa; la protección a la salud; el acceso a la cultura; el disfrutar de una vivienda digna; el garantizar las pensiones adecuadas, etc. .

La realidad estadística es estremecedora al conocer que las rentas que se producen en España se reparten cada vez con más desigualdad. La Encuesta de Población Activa recoge un incremento paulatino y continuado del número de hogares en los que ninguno de sus miembros percibe rentas, mientras que la tasa de desempleo se mantiene en el entorno del 21%, el doble si hablamos de jóvenes, y ya son 4,8 millones las personas que, queriendo trabajar, no encuentran empleo.

 La desprotección social en España cada vez es mayor. Según la EPA, más de 728.000 hogares carecen, actualmente, de cualquier tipo de rentas salariales y 3,2 millones de personas se encuentran en una situación de carencia material severa. Hubo unos 2,3 millones de empleos destruidos entre 2.008 y 2.016, según la Encuesta de Población Activa. Hay unos 3,7 millones de contratos eventuales y unos 2,2 millones de trabajadores en situación de “pobreza laboral” debido a sus bajísimos salarios, según Eurostat. También unas 447.000 familias han sido desalojadas por la fuerza de su vivienda, según datos del Consejo General del Poder Judicial entre 2.008 y 2.015 y la sangría continúa ya que el 10% de los hogares españoles tienen retrasos en el pago de sus hipotecas o alquileres, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2.015.  

Lo peor es que el riesgo de pobreza sigue creciendo, en España, reduciéndose casi a la mitad en los mayores de 65 años, pero aumentando en la población en edad de trabajar, que vive situaciones graves de emergencia social, con problemas de desahucio, subalimentación, cortes por impagos de suministros básicos de agua, luz y gas, así como la agudización de enfermedades ligadas a la pobreza.