La Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) respalda el rechazo de CEOE y de todo el sector empresarial al Real Decreto Ley 3/2016, en especial la aplicación de la retroactividad en la modificación del Impuesto de Sociedades al 1 de enero de 2016, de dudosa legalidad.

“Después de nueve meses de falta de Gobierno, sin inversión pública ni adjudicación de proyectos, el sector privado debe cargar con una medida que compromete seriamente la recuperación de la economía. La retroactividad sólo puede perjudicar a cualquier empresa, sea cual sea su tamaño, sector de actividad o ámbito territorial de actuación, ya que se adopta cuando está a punto de finalizar el ejercicio económico, sin que esta exigencia estuviera contemplada, o cuanto menos prevista, al planificar el 2016”, apunta Jorge Cebreiros, Presidente de la CEP.

“Más que improvisación, parece que hay premeditación, ya que desde antes de las Elecciones Generales del 2015 se preveía que iba a ser muy complicado cumplir con el déficit público impuesto desde Bruselas”, reflexiona Cebreiros.

 

Estima que afectará también a la recuperación de la actividad económica y a la creación de empleo

 

En el mismo orden de ideas, recuerda que difícilmente los empresarios pueden provisionar inversión y plantear nuevos proyectos si las reglas del juego cambian con casi un año de retroactividad.

“En este momento de recuperación de la actividad lo que el sector privado necesita no son nuevas cargas impositivas, sino estímulos a la producción y al empleo”, indica, al tiempo que hace un llamamiento para que las Administraciones Públicas redoblen sus esfuerzos en la lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el intrusismo.

La Confederación pontevedresa propone que en lugar de adoptar medidas tan perjudiciales, se barajen otras opciones para rebajar el déficit público, como la rebaja del gasto corriente, especialmente del gasto improductivo.

Finalmente, la CEP advierte que estas medidas improvisadas deterioran gravemente la imagen que del sistema se está ofreciendo a los inversores, tanto nacionales como extranjeros, y advierte que la limitación de la compensación de pérdidas y de las deducciones por doble imposición, así como la limitación de la imputación anual de las pérdidas por deterioro de las participaciones puede vulnerar convenios internacionales.