En las personas sin hogar no vemos a personas con dificultades económicas sino a potenciales delincuentes. Lo cuál se enmarca en el contexto de la violencia social e institucional que esta población padece.  La opinión que la sociedad tiene sobre la población sin hogar, vinculada generalmente a los medios de comunicación, los agentes de las fuerzas de seguridad, las ONGs y los políticos, nos indica la existencia de una realidad que da como resultado que la población sin techo genera un alto grado de inseguridad al ciudadano. Las anteriores conclusiones no reflejan sin embargo, una aproximación a su realidad social cuya solución pasa más bien por elaborar planes, programas y proyectos con suficiente dotación para afrontar --en su dimensión estructural y personal-- su situación de Exclusión. Los recientes conflictos recogidos por la prensa a nivel barrial con respecto a la posible ubicación de albergues y mini-casas para la gente sin techo, tanto en Monte Alto como en Eirís, incluso en algunos momentos el pretendido traslado de la Cocina Económica ha dejado al descubierto algo inesperado en esta ciudad --por otra parte altamente solidaria con el tercer mundo-- que se consuma finalmente contra quienes se ven obligadas a acudir a los comedores sociales, ó a buscar un espacio para dormir --sea en un cajero, o directamente debajo de un puente-- en la habitual postura del avestruz de no querer ver las cosas: esto es, de ocultar y callar.