Mientras en los últimos tiempos, tanto la Xunta de Galicia, las Diputaciones y la mayoría de las corporaciones locales se dedican a aumentar los presupuestos de gasto e inversión en políticas sociales. No obstante nos encontramos con que los responsables de los bancos de alimentos de Galicia reconocen una bolsa de pobreza que se está haciendo estable en Galicia que condenaría a miles de personas y familias a la exclusión social permanente. Asimismo algunas ongs, como Cáritas, ya hablan de cronificación de la pobreza y que irá en aumento, bajo el desamparo público.

Sin duda algo está fallando y cada vez, además de la voluntad política, es necesaria una sociedad civil más activa y comprometida con su realidad más próxima. No se puede seguir mirando para otro lado mientras decenas de familias, de nuestro barrio o ciudad, viven situaciones de vulnerabilidad, por culpa de trabajos precarios, desempleo o simplemente por estar en exclusión social, careciendo de los recursos más básicos para llevar una vida digna.

Por desgracia, en la cruda realidad, son muchos los ciudadanos que padecen el desamparo de los poderes públicos y se ven obligados a buscar la caridad o la solidaridad de entidades sociales para poder comer caliente todos los días.  Mientras todo esto sucede la Ley de Inclusión de Galicia sigue esperando para su desarrollo a través de un reglamento para evitar que siga aplicándose la discrecionalidad de los responsables territoriales a la hora de resolver los expedientes administrativos.

Por otra parte también es necesario agilizar la resolución de algunas ayudas públicas como la Rai, el Risga, las ayudas de emergencia, los bonos sociales e implantar una renta básica para garantizar unos ingresos mínimos mensuales a todas las personas sin recursos. Tampoco podemos olvidarnos de buscar la segunda oportunidad para los ciudadanos que son deudores de buena fe y padecen el embargo de salarios o cualquier otro tipo de ingresos, por parte de terceros e incluso de las propias administraciones públicas.