Las asociaciones del sector de fontanería, calefacción y afines gallegas, , transmiten a través de este comunicado su profundo malestar por el borrador de decreto que viene de anunciar la Consellería de Economía, Emprego e Industria para crear un registro público “voluntario” de empresas de fontanería en Galicia.

El colectivo considera que esta norma no cumplirá, ni de lejos, con el objetivo que promueve de atajar el intrusismo profesional y la economía sumergida en el sector, por lo que su aprobación resultará “inútil” para solventar este problema, que se ha disparado de forma exponencial, según ha reconocido la propia Consellería en diferentes ocasiones, desde la derogación en 2011 de la normativa que regulaba y controlaba esta actividad en Galicia.

Señalan que, incluso, tal y como está formulado el borrador de nuevo decreto en la actualidad “ampararía al personal intruso, proporcionándole argumentos legales para convertirse de la noche a la mañana en instalador de fontanería ante los ojos de un consumidor que queda así definitivamente desprotegido”.

Cronología normativa
Desde las asociaciones de fontanería y calefacción se recuerda que en 2011 se abolía el Decreto 42/2008, de 28 de febrero, de creación del Registro de Instalaciones Interiores de Suministro de agua de Galicia, en principio para el cumplir con la normativa comunitaria pero ocasionando, “de facto”, una serie de graves perjuicios tanto para los usuarios como para los profesionales del sector que no han parado de crecer desde entonces, y a los que la Consellería de Economía, Industria y Emprego no puso freno a pesar de comprometerse “expresamente” ya en 2011 a establecer medidas de solución.

Más detalladamente, el colectivo señala que la eliminación en 2011 del Decreto 42/2008 supuso “una total falta de control sobre las empresas instaladoras, fomentando la competencia desleal, el intrusismo profesional y la economía sumergida y provocando la destrucción del empleo e incluso el cierre de empresas del sector”.

 

Acusan a la Consellería de Economía, Emprego e Industria de desoír de forma sistemática sus demandas al respecto de la regulación de esta actividad en Galicia

 

Para mayor desajuste, la derogación de 2011 “desamparó a las empresas gallegas frente a las empresas de otras comunidades autónomas españolas, que siguen manteniendo regulada la práctica de la fontanería con la protección del consumidor apuntalando esta normativa”. Este hecho se traducía en la realidad en que “mientras las empresas gallegas no pueden trabajar en otras comunidades, las de otras comunidades sí pueden hacerlo en Galicia, de forma que el mercado gallego se ha convertido en un coto abierto para todas los instaladores irregulares tanto de España como del resto de países de la Comunidad Europea, en particular Portugal”.

A mayores, señalan “el control administrativo permite asegurar que las empresas instaladoras cuentan con un seguro de responsabilidad civil que protege a los usuarios finales garantizándoles los criterios de ejecución que por otra parte sigue exigiendo el Código Técnico de la Edificación, y el posterior aval de garantía ante cualquier desperfecto ocasionado en las instalaciones”. Asimismo, “el carné profesional era y es un mecanismo útil para la acreditación de la cualificación del instalador que ejecuta las instalaciones y que garantizaba la ejecución de las instalaciones de acuerdo con la reglamentación vigente”, que sin embargo en 2011 desaparece.

Destacan asimismo que “la ausencia de un marco común en lo relativo a la inscripción de las instalaciones otorga un papel de excesivo dominio a las empresas suministradoras y servicios municipales de aguas, que pasan a controlar el mercado viendo cumplido así el objetivo de estas grandes corporaciones a las que el Decreto derogatorio les hace un gran favor”.

Además, “la derogación es injusta con las empresas que hasta la fecha han tenido que abonar tasas y soportar los costes de la formación para la obtención de carnés y de la elaboración de la documentación técnica para la inscripción de las instalaciones”.

Por otra parte, el propio Consello Consultivo de Galicia en su Dictamen 61/11 reconocía que la anulación de toda la normativa gallega sobre instalaciones de agua estaba injustificada y era desproporcionada.

Desprotección
Toda esta problemática se ha comunicado de forma sistemática a la Consellería por parte de las asociaciones de fontanería gallegas, que en un principio obtuvieron de la Xunta el compromiso de una nueva regulación que evitase “la piratería” y protegiese de forma efectiva a los consumidores, que no solo no ha llegado a publicarse sino que ahora llega “totalmente desprovista de contenido útil e incluso perjudicial para los objetivos que en principio pretendía cumplir”.

Señalan que el borrador de decreto que propone la Xunta “no puede combatir el intrusismo y frenar las chapuzas en B”, en sus propias palabras, si, para empezar, “el registro que proponen es de carácter voluntario” y si, además, “los requisitos que imponen permiten que albañiles o carpinteros autónomos figuren como fontaneros autorizados, sin disponer de capacitación adecuada para ello”. De esta forma, subrayan, incluso se “proporciona amparo legal al personal intruso”.

Consideran, por tanto, que la propuesta normativa actual desoye de forma sistemática sus demandas al respecto de la regulación de esta actividad y resulta “calamitosa, desastrosa y funesta para el sector y totalmente perjudicial para el usuario, que seguirá indefenso ante lo que la propia Xunta denomina chapuzas en B”.