El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Caldas de Reis acaba de admitir la personación de la Xunta como acusación popular en el triple asesinato de Valga del pasado mes de septiembre, en el que fallecieron Sandra Boquete, Alba Boquete y Elena Jamardo.

Desde 2013 el Gobierno gallego cuenta con un protocolo para el ejercicio de la acción popular por parte de la Xunta en los procedimientos penitenciarios en casos de muerte por causa de violencia de género. Con el caso de Valga, son ya 17 los procedimientos en los que se personó.

Además de las acciones judiciales, la Administración autonómica está manteniendo un contacto constante con los servicios sociales municipales y con el entorno familiar de las mujeres asesinadas prestándoles asesoramiento y apoyo integral, especialmente a los menores que quedaron huérfanos.

Desde el primer momento, se desplazó al lugar de los hechos el Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE), que presta apoyo especializado en casos de violencia de género. Al haber menores implicados, en ese primer momento también se movilizó el equipo de menores.

Durante este tiempo, se está prestando apoyo psicológico al entorno familiar al amparo del convenio que mantiene la Xunta con el Colegio Oficial de Psicología de Galicia, cuyos especialistas son también los encargados de atender a los menores.

Además, en virtud del convenio de colaboración firmado en enero de este año con el Colegio de Educación Social, con el Colegio Oficial de Gestores Administrativos y con el Colegio Oficial de Graduados Sociales se está prestando un acompañamiento integral en la realización de todas las gestiones administrativas necesarias. También en el marco de este convenio, y cuando lo decidan los equipos sociales y psicológicos, se activarán uno o dos educadores sociales especializados para apoyar en las nuevas rutinas a la familia y prestar apoyo educativo a los menores.

Ya en el apartado económico, los 2 menores huérfanos recibirán una indemnización económica directa de la Xunta de 7.000 euros cada uno.