El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad que establece los principales parámetros e instrumentos para la adaptación del conjunto de la sociedad a la nueva normalidad, con las máximas garantías de seguridad, tras la crisis provocada por el COVID-19.

Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido que el propósito del plan es "poner a España en marcha protegiendo la salud y la vida de los ciudadanos y manteniendo a salvo nuestro sistema de salud".

Pedro Sánchez ha insistido en que la desescalada será gradual, asimétrica y coordinada y que no se recuperará de golpe toda la actividad y la movilidad, sino que se hará en cuatro fases. Además, ha aclarado que la provincia o la isla será el espacio territorial donde se desarrollarán las actividades permitidas: "No habrá movilidad entre provincias o islas hasta alcanzar la nueva normalidad".

Desescalada gradual, asimétrica y coordinada

El presidente ha explicado que la desescalada se hará en función del control de la epidemia en cada provincia y a la velocidad que permita la situación sanitaria de esa zona, de acuerdo con criterios objetivos. El paso de una fase a otra en cada lugar se determinará en función de las capacidades estratégicas de su sistema sanitario de atención primaria y hospitalario; su situación epidemiológica; la implantación de medidas de protección colectiva en comercios, transportes, centros de trabajo y en cualquier espacio público, y en los datos de movilidad y económicos.

Estos marcadores serán públicos, ha anunciado Sánchez, "para que la ciudadanía pueda conocer los criterios en los que se basan las decisiones políticas que van a determinar la vuelta a la nueva normalidad en cada territorio".

"El proceso no será uniforme, sino asimétrico y con distintas velocidades, pero coordinado, para que se rija por unas mismas reglas", ha remarcado el presidente. Esta coordinación recaerá en el Gobierno de España, y el ministro de Sanidad asumirá las decisiones necesarias como autoridad delegada. No obstante, se tendrá muy en cuenta el parecer de las autoridades autonómicas y locales, a los que corresponderá gran parte de la gestión. De hecho, podrán tomarse medidas en territorios no coincidentes con las provincias si así lo motivan las comunidades autónomas.