En una sociedad plural como la nuestra que se precia de garante constitucional y otros valores añadidos, resulta curioso leer la columna de un diario regional que, en su sección Aturuxos hace hoy --4 de diciembre-- un encendido alegato sancionador contra quienes sean contrarios a la vacunación: se habla explicitamente en dicha columna --titulada: sancionar a los que no se quieran vacunar contra el coronavirus-- de una propuesta de mil euros a quienes declinen recibir la inmunización.

 

 

Cuando menos nos invita a una breve reflexión sobre la verdadera entidad del hecho sancionador, cuando el propio Ministro señor Illa ha repetido hasta la saciedad que la vacuna no debe entenderse obligatoria, ni se pretende que lo sea, siendo además desconocedores de que tal norma pretenda implantarse.

 

 

Es de destacar un artículo del señor Villagómez Cebrián --magistrado juez-- quién en otro diario regional se expresaba el pasado día 23 de noviembre --se titula: todas son voluntarias-- en los términos de "la vacunación en España es voluntaria, ya que nuestro ordenamiento jurídico no incorpora explicitamente el deber de vacunación y nadie puede, en principio, ser obligado a vacunarse".

 

 

Dado que el Gobierno de este país no ha dado indicios de querer plantear tal obligatoriedad, ni si impulsará nuevos mecanismos  legales por la situación, el señor Villagómez añade: 

 

"... es muy dudoso que constitucionalmente una Comunidad Autónoma pueda regular esta obligatoriedad de la vacunación o la práctica de pruebas antiCovid, y que pueda desarrollar legislativamente un marco sancionador al respecto"

 

 

Creo opinable dentro del  termino ejemplarizante vertido desde la columna de Aturuxos por el articulista de que:

 

"... aquellos que se nieguen a colaborar reciban su merecido" si no habría de invocarse más  bien el criterio de un derecho a ejercer con libertad, sin coacciones. Tanto si decide vacunarse, como si no.