La ensenada de San Simón, un paraje natural situado en la Ría de Vigo y teóricamente protegido dentro de la Red Natura 2000, está a punto de colapsar. Esta semana, varias cofradías de pescadores, autoridades locales y plataformas de defensa de la zona han denunciado esta situación ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, en una reunión organizada por la eurodiputada Idoia Villanueva.

Las comunidades afectadas explicaron que la Directiva Hábitats, que establece las medidas de conservación necesarias para entornos como este, no se está aplicando. Ni tampoco los principios de la Estrategia de la Biodiversidad 2020 de la UE. La ensenada está bajo la jurisdicción del Puerto de Vigo, y la futura construcción de una nueva terminal portuaria en la Ría supondría un golpe fatal para susecosistemas, alertan.

Para que la protección jurídica que otorga la Red Natura se haga efectiva, es necesario un plan de gestión para Zonas Especiales de Conservación (ZEC) que el puerto ni la Xunta han desarrollado hasta ahora. Las poblaciones de la zona están luchando por la desafectación completa de la ensenada (es decir, que deje de estar sometida a la administración portuaria) y se convierta en dominio público marítimo y terrestre.

“En la zona viven unas 40.000 personas y casi todas las familias dependen de la buena conservación de este espacio. Todos, de alguna manera, estamos ligados a la ensenada, y la economía de la comarca depende directamente de su protección y conservación”, explicaron durante el encuentro. En ocasiones, la actividad económica entra en contradicción con la protección medioambiental, pero en este caso sucede justo lo contrario, reconocieron los representantes de la Comisión Europea.

La institución envió en 2015 una carta de emplazamiento al Gobierno de España por incumplir la Directiva Hábitats. El documento señalaba también que el Plan Director de la Xunta de Galicia para la Red Natura 2000 era insuficiente y no fijaba medidas específicas de conservación de la ensenada. En julio de 2020, la Comisión volvió a dirigirse al Ejecutivo para pedir que resolviese las carencias de la red. Están estudiando la respuesta y esperan tomar una decisión a principios de 2021. Si las medidas adoptadas para proteger este y otros parajes no fuesen suficientes, el caso podría llegar al Tribunal de Justicia de la UE por el incumplimiento de la Directiva.

Idoia Villanueva apoyó la movilización de los colectivos para defender su tierra y su medio de subsistencia. “Son quienes mejor conocen lo que ocurre, quienes ven cómo se degrada el entorno y cómo afecta a las familias de la zona. Es fundamental que, precisamente ahora que se está revisando la aplicación de la directiva, la Comisión escuche a los afectados y recoja la información que las cofradías, plataformas y autoridades locales le ofrecen de primera mano”.

En la reunión participaron la Plataforma en Defensa de la Ensenada; representantes de las cofradías de Arcade y Redondela y de la agrupación de mariscadoras de Redondela; la alcaldesa de dicho concello y miembros de los concellos de Moaña y Soutomaior; además de vocales del sector de la pesca y asociaciones vecinales.