España fue el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en concreto en 2005. 16 años después, el tener una orientación sexual minoritaria aún puede ser causa de acoso laboral en una empresa, incluso en un medio de comunicación. Fito Ferreiro Seoane (A Coruña, 1962), es un reportero gráfico que lleva trabajando en la Televisión de Galicia (TVG) desde 1985, y con plaza fija en esta empresa desde el 86. Ha interpuesto una demanda ante el juzgado de lo social número 2 de Santiago de Compostela denunciando la situación de “acoso laboral” que asegura que sufre desde 2005 por su “actividad sindical, política y por su orientación sexual, ya que es homosexual”.

Ferreiro afirma que no asoció los ataques de ansiedad que padecía al trabajo hasta que hace poco más de un año, cuando un psicólogo de la Seguridad Social le hizo ver simplemente con una sesión psicológica que su entorno laboral era el que le generaba malestar: “empiezo a darme cuenta de que estaba sufriendo acoso. Es alguien desde fuera el que me hace lo hace ver... Al final te acostumbras a que te hagan alguna putadilla, sobre todo las personas LGBT como estamos acostumbrados a que digan tantas cosas de nosotros, tienes la piel dura”-

Fito explica cómo comenzaron sus problemas: “cuando se hace publico mi activismo LGBT, cuando doy el paso y empiezo a dar entrevistas, cuando me dan un cargo orgánico en el partido...Cuando esas dos cosas florecen empiezo a notar que mi carrera profesional empieza a desaparecer”. Ferreiro es un activista para defender los derechos del colectivo LGBTI desde 1998, primero de forma independiente –fue fundador de la asociación ALAS, y a partir del 2006 con el PSOE. Llegó a ser coordinador Federal de los grupos LGBTI de este partido y también concejal en A Coruña desde 2015 al 2019.

Ferreiro prueba con varios escritos que ha solicitado el traslado a la delegación de A Coruña de 2010 para cuidar de su padre dependiente. Asegura que su nombre está en el libro de traslados de la TVG desde 1986, pero que nunca le han concedido el traslado a pesar su plaza fija en la empresa desde hace 35 años: “a ellos eso no les importa. Los temas de conciliación, excepto los de cierta gente. En la Televisión de Galicia es así. Ellos de principio pasan de todo, no hacen nada”.

Argumenta que a pesar de su experiencia de varios años cubriendo conflictos bélicos y otros temas internacionales en países como Iraq, Afganistán, Timor Oriental, Bosnia o Venezuela, la empresa ya ni siquiera cuenta con él para cubrir comicios regionales o nacionales: “llevo 20 años sin estar en el equipo de elecciones. Cada vez que hay elecciones hay 12, 14 reporteros gráficos, somos 40, y tendría haber hecho alguna vez elecciones en los últimos 20 años y no las he hecho”. Según Fito, su caso no es el único, hay otros empleados que prefieren ocultar su orientación sexual en la Televisión de Galicia: “yo tengo plaza fija en la tele y no me pueden echar. A un contratado que se le acaba el contrato dentro de 6 meses, no le renuevan y... ése es el problema”.

El juicio sobre su caso se iba a celebrar el 28 de junio, día simbólico para la comunidad LGBT, pero se ha aplazado hasta septiembre. El objetivo de Fito no es económico: “tuve que poner una cifra mínima ya es una demanda de derechos fundamentales ... Es un tema de dignidad y que me restituyan mi carrera profesional, y por lo menos que los últimos 6-8 años de trabajo pueda ejercerlos en Coruña... y lo que sí pedí es que se hagan cursos sobre LGBTIfobia, igualdad LGBTI en la empresa, tanto a los trabajadores como a la dirección de la empresa. Ese punto es innegociable”.

Según explica, “una parte grande de la Televisión de Galicia se alegró de esta denuncia porque muchos se sienten acosados de determinada manera, sea solamente laboral, o por ser mujer... La gente del Opus Dei ya estaba con Fraga y siguen ahí manteniéndose. Un Secretario General del PSOE en Galicia llegó a decir que la Televisión de Galicia tenían el poder 10 familias diferentes del PP. Es un chiringuito” .

La historia de Fito Ferreiro Seoane es un ejemplo de la vulnerabilidad a la que están sometidos los trabajadores y trabajadoras españolas a la hora de denunciar irregularidades que pueden cometer sus empresas. Algo que denuncia la ONG Blueprint for Free Speech en el nuevo informe que ha publicado sobre esta inseguridad que se sufre en un entorno laboral:

Menos de la mitad (45%) de las personas encuestadas cree que su empresa se toma en serio la protección de quienes denuncian irregularidades. Solo el 40% de los trabajadores que ganan hasta 18.000 euros al año, frente al 53% de los que ganan más de 60.000 euros al año