La Comunidad de Montes de Tameiga bloquea la negociación de acuerdos con empresarios

La audiencia previa practicada  ante el  Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de Porriño, dentro del procedimiento judicial entablado entre un grupo de  empresas ubicadas en terrenos del municipio de Mos, en Monte Faquiña y la Comunidad de Montes de Tameiga, ha concluido sin acuerdo y el procedimiento sigue su curso, con fecha para juicio el dia 23 de noviembre de 2021.

Según explica el Equipo Jurídico  que defiende a estas empresas, la audiencia previa tenía por objeto buscar una vía de diálogo con la Comunidad de Montes con el fin de poder llegar a un entendimiento amistoso con la misma. Sin embargo, los representantes de la Comunidad de Montes de Mano Común de Tameiga se niegan  a negociar acuerdo alguno por lo que el trámite judicial concluyó sin acercar posturas. Con estos aumentos abusivos de los cánones o alquileres que se pretenden sobre empresas que han realizado inversiones millonarias en instalaciones y obras de carácter público y con las que también pretende quedarse la Comunidad de Montes, despreciando los acuerdos, pactos y compromisos que los empresarios habían llevado a cabo con la anterior Administración titular, pueden estar en peligro miles de puestos de trabajo y traslado de las empresas a otros lugares.

Por eso el procedimiento judicial sigue su curso al no reconocer tales derechos e, incluso, en algún caso, negar los acuerdos y compromisos que la Junta Rectora llevó a cabo con alguno de los empresarios, que procedieron a hacer tales inversiones bajo  la seguridad de una prolongación en  los plazos tales concesiones.. En su momento, los empresarios habían llegado a acuerdos y pactos con el Concello de Mos, anterior titular,  que gestionaba los terrenos, hasta que una sentencia judicial anterior falló que los mismos pertenecían a los comuneros y no a la institución local.

 Los empresarios no  quieren ningún trato de favor, sino que se reconozcan los pactos y acuerdos anteriores y que la subida de los alquileres y/o cánones se hagan no de forma abusiva sino atendiendo a la situación del mercado y a las propias normas que rigen en un Estado de Derecho que busca la ponderación y el equilibrio para mantener la estabilidad y seguridad de los puestos de trabajo, las inversiones y el desarrollo sostenido y cumpliendo las exigencias de protección del medio ambiente e integridad del monte vecinal.