Una treintena de empresas y vecinos de Vigo han presentado sendos escritos al Concello vigués para que se implique en el conflicto con los comuneros de Cabral. Los afectados recuerdan al consistorio en sus cartas que las 190 hectáreas que ocupan hoy con sus viviendas o empresas les fueron transmitidas por el Concello vigués hace 65 años y que son estas las que ahora reclama judicialmente la Comunidad de montes en mano común de Santa Marina de Cabral generando, en la zona, una inseguridad jurídica sobre la propiedad privada.

Según la documentación presentada, en el Registro de la propiedad de Vigo figura inscrita la citada finca de 190 hectáreas a nombre del Concello de Vigo con fecha 22 de octubre de 1954. Posteriormente, el consistorio fue transmitiendo  terrenos de esta parcela a distintas personas y empresas que, a su vez, fueron trasmitiendo las fincas a terceros a lo largo de estos años, sujetos en todo momento a la legalidad y la buena fe. Desde hace dos años, la Comunidad de montes de Santa Marina de Cabral está requiriendo a estos propietarios las fincas alegando que son terrenos propiedad del monte desde tiempo inmemorial. Esta situación no es nueva. Muy cerca, en la parroquia de Tameiga, en Mos, las empresas del polígono de Monte Faquiña siguen en litigio con la comunidad de montes, esta vez, por reclamar a las empresas que llevan décadas trabajando en ese lugar, cánones desorbitados. En Cabral temen que esta situación se acabe contagiando por toda Galicia creando un problema social y empresarial que las autoridades deben atender cuanto antes.

Desde la Asociación de vecinos y empresarios de Cabral, AVEECA, que reúne a los afectados del municipio de Vigo, alegan que ante la situación de presión por parte de los comuneros se ven obligados a solicitar al alcalde, Abel Caballero, que actúe como parte en este conflicto ya que adquirieron, de buena fe y bajo el principio de seguridad jurídica, los terrenos que les transmitió dicha administración local. "El Concello tiene que tener responsabilidad en esta situación y debe actuar ya que ha transmitido una propiedad que, de ser montes vecinales desde tiempo inmemorial (como dice la resolución clasificatoria) estarían fuera del comercio, es decir, no podrían ser transmitidos", explica el equipo jurídico de AVEECA.

Por todo ello, en los escritos enviados al Concello de Vigo, los afectados piden al alcalde que lleve "a cabo las actuaciones necesarias y proceda a cursar los traslados que correspondan para la tutela del interés público y social que está siendo puesto en riesgo por los intereses meramente particulares de una Comunidad de montes vecinales".

"Todo esto está dando lugar a que muchas empresas y particulares estén muy preocupados por esta inseguridad que viene provocada por una legislación de montes vecinales muy controvertida y por la labor de los Jurados Provinciales sustentada por resoluciones judiciales que atribuyen la titularidad de terrenos a grupos vecinales que exhiben documentación histórica basada en catastros y otros registros cuya finalidad era básicamente recaudatoria y que, en muchos casos, desprecian los principios de seguridad jurídica y el cambio de afectación , amén de las dudosas y, a veces, contradictorias actuaciones en materia de deslinde", señalan los escritos redactados por el equipo jurídico.

Los empresarios de Cabral temen que les ocurra lo mismo que a los de Monte Faquiña, en Mos, en donde la Comunidad de montes de Tameiga les exige una subida de canon del 1000 por ciento, lo que ha provocado que algunas de estas empresas estén buscando un lugar alternativo en el país vecino de la mano de la Asociación de Empresarios de Mos, Aemos.

En el caso de los comuneros de Tameiga estos decidieron no respetar las condiciones de los contratos fijados en su día entre el Concello de Mos y las empresas de Monte Faquiña que, además, realizaron millonarias inversiones para poner en marcha sus actividades bajo la premisa de contar con un canon determinado y una duración de la concesión suficiente para garantizar la amortización del negocio. Muchas de ellas se encuentran ahora con que sus concesiones caducan, sin que se respeten los acuerdos alcanzados con Mos para prorrogarlas.