Valença do Minho sigue siendo la opción más atractiva a día de hoy para un posible traslado de las empresas de Mos y Cabral (Vigo) afectadas por la presión que están ejerciendo sobre ellas las comunidades de montes, a pesar de la oferta que puso sobre la mesa  una delegación encabezada por el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuíña, para que opten por terrenos de la Plisan, en Salvaterra de Miño.

Almuíña se desplazó hasta la sede de la Asociación de Empresarios de Mos (Aemos), acompañado por la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias; la alcaldesa de Salvaterra, Marta Valcárcel; la de Mos, Nidia Arévalo, y el director general del IGVS, Heriberto García, para tratar de frenar ese hipotético desplazamiento de compañías gallegas a Portugal. Por parte empresarial, además del presidente y el gerente de Aemos, Manuel Castro y Francisco Domínguez, y miembros de la junta, estuvieron presentes algunos de los industriales que la pasada semana se reunieron con el presidente de la Câmara Municipal de Valença, José Vaz Carpinteira, para continuar unas conversaciones iniciadas meses atrás por compañías asentadas en Monte Faquiña (Mos) y a las que se acaban de unir otras de los polígonos de Cotogrande y O Gorxal (Vigo).

En ambos casos, la problemática surgió a raíz de que los tribunales otorgaran la propiedad del suelo que ocupan las empresas a las comunidades de montes. Los comuneros de Tameiga decidieron no respetar las condiciones de los contratos fijados en su día por el Concello de Mos con las firmas empresariales, que realizaron millonarias inversiones para poner en marcha sus actividades bajo la premisa de contar con un canon determinado y una duración de la concesión suficiente para garantizar la amortización del negocio. Muchas de ellas se encuentran ahora con que sus concesiones caducan, sin que se respeten siquiera los acuerdos alcanzados con el Concello para prorrogarlas, y que la entidad comunal pretende imponer un canon totalmente desorbitado e inasumible, con incrementos por encima del 1200%.

Desde Aemos han mostrado su preocupación y temor porque en Cabral acabe ocurriendo lo mismo que en Monte Faquiña y que se abra la puerta a una situación de inestabilidad e inseguridad hacia la propiedad privada.

En este sentido, una treintena de empresas y vecinos de Vigo se han dirigido al Concello de Vigo para que se implique en el conflicto. Recuerdan que las 190 hectáreas que hoy ocupan con sus viviendas o empresas les fueron transmitidas por el Concello vigués hace 65 años y que son estas las que ahora reclama judicialmente la Comunidad de Montes en Mano Común de Santa Marina de Cabral.

Mejores condiciones en Portugal
La oferta de la Plisan no convenció a los empresarios, que siguen inclinándose decididamente por la opción de Valença “por condiciones económicas, agilidad administrativa y seguridad jurídica”.

Frente a las posibilidades de Salvaterra de Miño (suelo urbanizado a 53,20 euros anuales el metro cuadrado), recordaron que en Portugal les ofrecieron entre 30.000 y 40.000 metros cuadrados de terreno también completamente urbanizado y preparado para su ocupación inmediata. Allí tienen además en proyecto la ampliación del actual polígono industrial competencia de la Câmara en 400 hectáreas, está en marcha el desarrollo de una plataforma logística de promoción privada y existe la opción de contar con suelo industrial dependiente de comunidades vecinales en concesión y a precio simbólico. Todas estas alternativas, además, son mucho más rápidas administrativamente y ofrecen, a juicio de los empresarios, una seguridad jurídica que hoy es el principal hándicap de las zonas industriales del sur de Vigo por la posición de algunas comunidades de montes. En definitiva, la oferta de la Plisan como mínimo no mejora la disponibilidad y condiciones de la ofertada por el país luso.

En la reunión de ayer se puso de manifiesto que el problema de la seguridad jurídica es el que más pesa sobre el empresariado para mantener la actividad en Galicia, “pues nada nos asegura –sostuvieron- que las comunidades de montes no reclamen mañana también los terrenos de la Plisan”. En este sentido, demandaron de las administraciones un cambio normativo que solucione el actual conflicto con los comuneros y evite que se reproduzca en más territorios.

Manuel Castro se comprometió a trasladar la oferta de suelo en la Plisan a los asociados de Aemos y coincidió con otros empresarios en que la primera opción para todos ellos es la de continuar con sus naves e instalaciones en sus actuales emplazamientos, pero que sin ese cambio normativo que debe impulsar la Xunta la inseguridad supone un gran obstáculo.

Entre las compañías amenazadas figuran firmas como Grupo Redcom, AG Turismo, Dalot, Exclusivas Cotogrande, Juan Lumbreras, Ralotrans, PMA Nutrigas, Termojet, Blanco Quintás, Neumáticos Berbés, Grupo Copo, Locatel, Integral Data, Optiflota, Uniforz, Compost Galicia, Lidera Solujciones y Mekddes, entre otras.