La concejala popular Patricia López Román ha puesto esta semana el foco en la necesidad de aplicar medidas municipales que palíen el impacto alcista de la inflación, que sigue registrando cifras de récord, sobre las familias viguesas. Un hecho derivado de la situación coyuntural y alentado por el conflicto bélico al que el grupo municipal del PP propone poner freno con un paquete de ayudas que minimice su efecto sobre las economías domésticas.

Una iniciativa que ha concretado en ayudas directas a las familias con las rentas más bajas; en la exención de las subidas de servicios municipales como el agua o el autobús; en la rebaja de los impuestos y tributos locales; y en un incremento del presupuesto destinado a políticas sociales hasta cubrir los 100 euros por habitante.  

En este sentido, la edil ha apuntado a un cambio de perfil de las unidades familiares con necesidades en la ciudad y a un incremento de aquellas que llegan con dificultades a final de mes. López Román ha aprovechado así su participación en las Comisiones de Hacienda y Bienestar Social para reclamar al equipo de gobierno municipal que mueva ficha a este respecto. Según ha dicho, el afán no debe ser “recaudar más, sino ayudar más”.

Al hilo, ha manifestado su preocupación de que el Ejecutivo local ahogue a las familias viguesas a impuestos sin que se refuercen ni los recursos ni servicios sociales, “que están al borde del colapso”, ha dicho.  

 

Avisa que el objetivo no debe ser “recaudar más, sino ayudar más”

 

La concejala ha explicado que las citas con las unidades de trabajo social se demoran hasta tres meses y uno en el caso de querer empadronarse o cambiar de domicilio.

Para López Román “es preciso reforzar de personal a los servicios municipales y también incrementar los recursos”. Como la ciudad más poblada de Galicia, Vigo cuenta con un presupuesto municipal que es 10 millones de euros inferior al de La Coruña; 18 millones de euros frente a los 28 que la alcaldesa socialista Inés Rey dedica al área social.

“Vigo tiene que destinar más recursos económicos y humanos a los que menos tienen”, ha anotado la edil, para indicar que Vigo incumple los estándares europeos atendiendo a la partida que dedica por habitante a gasto social.

Todo esto sumado a que los vigueses son los gallegos que soportan la mayor carga impositiva, tras la subida del IBI, el impuesto de vehículos, el recibo del agua y el billete de autobús, implica que muchas familias se vean en serios problemas económicos, que es preciso atajar con “potentes medidas fiscales que rebajen su contribución municipal”, ha concluido.