El Tribunal Administrativo de Contratación Pública (Tacgal) viene de darle la razón al grupo municipal del PP de Vigo con una resolución en la que determina la suspensión cautelar del procedimiento de la  la licitación del alumbrado público que subroga a uno de los condenados por corrupción en el caso de la cuñada de Carmela Silva.

Mediante un escrito, los populares exigían la semana pasada que se suspendiese la tramitación al considerar “fraudulenta” la obligación de contratar al gerente de la empresa que fichó “de forma ilegal” a la familiar de la presidenta de la Diputación de Pontevedra.

Con esta suspensión cautelar, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, atiende la petición de la formación popular, “como garantía del cumplimiento de la legislación sobre contratos públicos y la corrección de las posibles infracciones de los poderes adjudicadores en una etapa en la que estas pueden ser aún corregidas de ser el caso”.

Una decisión que, según recoge la resolución que no admite recurso, no tendrá efectos sobre el plazo de presentación de ofertas que termina el próximo 3 de junio.

 

Adopta esta medida cautelar “como garantía del cumplimiento de la legislación sobre contratos públicos y la corrección de las posibles infracciones de los adjudicadores"

 

A este respecto, el portavoz municipal del PP de Vigo, Alfonso Marnotes, celebró la decisión del Tacgal, y recordó que la Ley de Contratos del Sector Público pone especial énfasis en la lucha contra la corrupción y la prevención de los conflictos de intereses que, a su juicio, se vulneran de forma flagrante en el caso de la licitación municipal del alumbrado.

Insistió así en que es un “auténtico escándalo” que se obligue a la nueva concesionaria a asumir la nómina de quien contrató a la allegada de la titular provincial, con un salario fijado en 90.000 euros, y que multiplica por cuatro al asignado a los otros tres trabajadores con la misma categoría de encargados de mantenimiento.
“Lo más grave de todo es que el Gobierno local, consciente de la existencia de un fraude, que eleva el coste de la licitación en casi cien mil euros al año, no solo no le pone remedio, sino que lo acepta sin reservas, tal como se desprende de la propia licitación”, apuntó.

En este sentido, indicó que el Gobierno local esperó a la suspensión de la condena de entrada en prisión para activar la licitación, a 3 meses de caducar la actual, y sin margen para tramitar en tiempo el nuevo contrato. “Es decir, el equipo de Abel Caballero esperó a licitar el contrato hasta que se aseguró que esta persona podía trabajar. Conocía desde diciembre el listado del personal a subrogar, pero esperó a que se suspendiese la condena para asegurarse y licitar el contrato”, apuntó.

Cabe recordar que el gerente de la concesionaria municipal de Vigo que fichó a la familiar de la presidenta provincial, pese a declarar que la empresa recibió órdenes para la contratación de la cuñada de Silva, nunca llegó a desvelar de quién las recibió.