435 lanzamientos de viviendas durante el primer trimestre del año en Galicia, según datos del Consejero General del Poder Judicial. La mayoría de ellos son desahucios por impagos de alquileres. Continúa la sangría de miles de personas y eso a pesar de que aún hay cantidad de procedimientos judiciales pendientes de resolución, por encontrarse dentro de los colectivos, familias y personas vulnerables que se encuentran en suspenso, gracias a las medidas adoptadas por parte del Gobierno del Estado como consecuencia de la pandemia sanitaria. 

El Derecho a la Vivienda continúa sin estar garantizado, tanto en Galicia como en el resto de España. Cuando se quieren adoptar medidas, como el borrador de la futura Ley de Vivienda del Gobierno de España se encuentra con mucha oposición por parte de ciertas Comunidades Autónomas, que tienen competencias sobre viviendas y señalan que se negarían a aplicar dicha normativa por motivos meramente ideológicos.

Ciertas Administraciones Públicas utilizan determinados argumentos de manera partidista sin mirar para nada los intereses generales de la mayoría de ciudadanos. No pueden seguir utilizando la demagogia diciendo que el Gobierno quiere intervenir la propiedad privada o de limitar los beneficios de ninguna empresa privada, porque hasta el momento y en éstos tres años del Gobierno de España no se adoptó ninguna medida en éste sentido.

La vivienda ya tiene que dejar de ser una cuestión menor para las Comunidades Autónomas, teniendo que desarrollar y aplicar sus competencias en beneficio de todos sus ciudadanos, mayormente acudiendo en defensa de los más vulnerables e indefensos de la sociedad. Para eso están las Administraciones Públicas, no lo olvidemos.