La huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en España ha llevado al colapso de los juzgados, con más de 152,000 procesos afectados y la cancelación de miles de vistas judiciales. Además, se han bloqueado más de 30 millones de euros diarios de cuentas y depósitos de consignaciones que no se gestionan debido a la huelga. Los secretarios judiciales del Tribunal Supremo también han decidido unirse a las protestas, lo que podría agravar aún más la situación.

El Tribunal Supremo ha denunciado en varias ocasiones la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que ha llevado a la imposibilidad de cubrir las veinte plazas vacantes de magistrados. Esto ha provocado retrasos en la tramitación de los asuntos y el dictado de más de 1,200 sentencias al año. Salas como la de lo Contencioso-Administrativo y la de lo Social han pedido auxilio debido al aumento de la carga de trabajo y la falta de recursos.

La mayoría de los letrados de la Administración de Justicia han secundado la huelga, incluyendo 17 de los 22 letrados del Tribunal Supremo. El colectivo en huelga reclama un aumento de su salario conforme a las nuevas funciones que se les han atribuido. Han pedido al Gobierno que asuma el timón y promueva una negociación sincera y directa con las asociaciones del colectivo en huelga.

El director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno ha respondido a la misiva que el comité de huelga envió unos días antes de iniciar la protesta indefinida al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para pedir su intervención y alertar de la gravedad y extensión del riesgo de paralización de toda la actividad ordinaria de los juzgados de todo el país, salvo los servicios esenciales. El Gobierno ha señalado que es "muy consciente de la inestimable labor" que realizan los letrados de la Administración de Justicia y espera que las negociaciones puedan concluir en un acuerdo razonable y satisfactorio.