El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Vigo ha vuelto a dar la razón a los vecinos de Cotogrande (Vigo) y ha fallado en contra de los intereses de la Comunidad de Montes de Cabral. La ofensiva que desde 2019 inició la directiva de la citada comunidad sobre varias empresas y particulares ha recibido un nuevo varapalo en los juzgados vigueses, el cuarto ya en algo menos de medio año. En esta ocasión, la directiva de los comuneros de Cabral presentó una demanda contra una propiedad situada al lado del Motel Aeropuerto y cuya titular es la empresa Icosa Dorada. El equipo jurídico de los demandantes, como ya es habitual, presentó como prueba en el juicio un plano de 1891 que ni siquiera es original.

El fallo basa su decisión en que los planos presentados por los demandantes dan por verdad un hecho que ni los deslindes municipales de Mos y Vigo pueden ratificar, siendo la finca claramente periférica con el municipio mosense: “Resulta incuestionable que la línea divisoria entre los concellos de Vigo y de Mos ha variado a lo largo del tiempo, lo que resta validez a la técnica de superponer la copia de un plano de 1891 -cuya autenticidad se cuestiona y cuyos hitos tampoco resultan del todo claros- a un plano de nuestros días. El propio perito de la demandante ha reconocido en la vista que ignora cuál es el deslinde oficial actualmente vigente”, cita el auto. Además de esto, “no se notificó a los titulares registrales de la finca la delimitación efectuada por la Resolución del Jurado Provincial de Montes en Mano Común de Pontevedra en 1989”, explica el auto.

“Para nosotros, este fallo es un nuevo alivio a quienes llevamos años soportando el calvario de no saber qué va a pasar con nuestra propiedad. Desde luego, sabemos que las pretensiones de la directiva de los comuneros no terminarán aquí y seguirán con sus pretensiones pero, para nosotros, supone un motivo de alegría en medio de años de tensión y preocupación”, explica Beatriz Ucha, presidente de la Plataforma.

Hay en estos momentos diez procedimientos judiciales abiertos solo en la zona de Cabral y otros tres en Tameiga.

Este fallo favorable a vecinos y empresas se suma a otros tres anteriores: al que afecta a un terreno con cuatro viviendas propiedad de Purificación Castro, también en Cotogrande, al de la empresa Baitra así como a otra finca de 3.000  metros cuadrados propiedad de Abanca, estas dos últimas, en O Gorxal. Pese a estos cuatro fallos favorables en primera instancia, hay en estos momentos diez procedimientos judiciales abiertos solo en la zona de Cabral y otros tres en Tameiga.

En la otra parte de la balanza se encuentra la decisión de la Audiencia Provincial de Pontevedra de estimar el recurso de apelación de los comuneros de Tameiga anulando la prórroga de las concesiones otorgadas a cuatro empresas del polígono de Monte Faquiña en Mos. El juzgado de O Porriño había fallado a favor de las empresas el pasado año al declarar tácitamente la continuidad de los contratos y evitar así una desproporcionada subida de canon pretendida por la directiva de los comuneros. También otras cuatro empresas de O Gorxal han recibido recientemente un fallo en contra, también de la Audiencia.

La Plataforma Galega de Afectados polas Comunidades de Montes, creada recientemente y compuesta por 300 integrantes entre particulares y empresas, ha solicitado a la Xunta de Galicia que aborde este problema ya que se corre el riesgo de que se extienda por otras zonas de Comunidad, como es el caso de las canteras de O Porriño.