Diversos usuarios han alzado su voz denunciando las presiones y amenazas recibidas por parte de una empresa suministradora del servicio de teléfono. Según los afectados, la compañía está utilizando tácticas coercitivas para que los usuarios de la línea de cobre cambien a un sistema de teléfono vía radio.

Usuarios, incluyendo a personas mayores y vulnerables, han reportado que operarios de la empresa suministradora los llaman para amenazar con el corte de su línea de teléfono, argumentando que ha quedado obsoleta y que deben instalar un "aparato" tipo router para migrar a la nueva tecnología. Además, se les advierte que, de no hacerlo, perderán por completo el servicio telefónico.

Alarmantemente, algunas personas mayores han accedido a realizar el cambio por temor a quedarse sin servicio telefónico. Sin embargo, es importante destacar que las compañías que comercializan las líneas de cobre están obligadas a mantener el servicio y brindar cobertura de averías a sus clientes hasta, al menos, abril del próximo año 2024.

Ahora, cuando se produce una avería en la línea de cobre, los usuarios se ven sometidos a una presión adicional por parte de estas compañías, sobre todo si carecen de conocimientos en nuevas tecnologías. Se les insta a instalar un router con una tarificación y un contrato cuyas ventajas son desconocidas, generando dudas sobre posibles inconvenientes o incrementos de precios.

Otra medida de presión que se ha observado es el aumento desorbitado de las cuotas para servicios de internet y teléfonos que aún funcionan a través del cobre. Esto tendría como objetivo que los usuarios del rural den de baja el servicio, perdiendo así sus derechos sobre la línea telefónica.

Los afectados han decidido denunciar estas prácticas y están evaluando emprender acciones legales para hacer valer sus derechos ante lo que consideran presiones injustificadas, amenazas y chantajes. Estas acciones afectan no solo a particulares, sino especialmente a personas mayores que carecen de la capacidad para defenderse debido a su desconocimiento de la situación.

Las presiones provienen tanto de operadores directos como de subcontratas que utilizan call centers para realizar este tipo de llamadas. Estas prácticas generan preocupación y exigen una respuesta por parte de las autoridades competentes para garantizar el respeto a los derechos de los usuarios y evitar cualquier forma de extorsión en el sector de las comunicaciones.