La Asociación de Propietarios e Empresarios Chan da Ponte (Adechan), en Salvaterra de Miño, acaba de formalizar su adhesión a la Plataforma Galega de Afectados polas Comunidades de Montes, la entidad creada hace unos meses en Vigo y Mos para luchar contra la inseguridad jurídica que están generando las demandas interpuestas por comunidades de montes gallegas para hacerse con fincas y propiedades de particulares y empresas.

La situación en Salvaterra es similar a la que se está dando en otras zonas de la provincia de Pontevedra, aunque las acciones de los comuneros, en este caso, aún se encuentran en una fase inicial de la ofensiva que “ya vemos venir desde hace tiempo”, explican los industriales afectados. Por el momento, la Comunidade de Montes en Man Común de Salvaterra consiguió un pronunciamiento judicial favorable sobre la titularidad de una parcela de unos 10.000 metros cuadrados situada en el área del polígono industrial y que figuraba a nombre del Concello de Salvaterra, institución que ya recurrió la sentencia. No obstante, “ya están llegando avisos sobre las intenciones de los comuneros en relación con otras propiedades”, añaden.

El área susceptible de estar afectada por el conflicto supera las 48 hectáreas e incluye más de una veintena de empresas, con un millar de trabajadores, un centenar de viviendas (entre Chan da Ponte, A Lagoa, Ramallás o Casal) y equipamientos como un campo de fútbol o un instituto de Secundaria.

A la asociación empresarial pertenecen 12 compañías y el Concello de Salvaterra de Miño, que fue precisamente la entidad que promovió el desarrollo del polígono en los años 80, a raíz de la aprobación del Plan Xeral de 1983. La clasificación resuelta en 1984 por la Xunta de Galicia dejó fuera de la consideración de monte en mano común dentro de las más de 48 hectáreas, el cementerio, el cuartel de la Guarda Civil y un colegio, pero no el parque empresarial, las viviendas u otros equipamientos.

Gobierno gallego
El presidente de la asociación, Juan Carlos Lemos, formalizó la adhesión en un encuentro en Salvaterra con la presidenta de la plataforma, Beatriz Ucha. Esta entidad nació con unos 300 integrantes y con la intención de ir sumando afectados de otras zonas de Galicia. Entre sus objetivos más inmediatos está el de reclamar al gobierno gallego que se comprometa a buscar una solución para los vecinos que hoy están complemente solos ante una ley de montes, de 2012, en la que los comuneros están siempre por encima de cualquier otro legítimo derecho.

La plataforma pretende promover un cambio legislativo en Galicia que acabe con la inseguridad jurídica actual y facilitar el acceso de los afectados a gabinetes jurídicos especializados. Asimismo, su trabajo también se centra en dar voz a estas reivindicaciones con el fin de avanzar en la resolución de un conflicto que se prolonga demasiado y que está llevando a la ruina a empresas y particulares.

El argumento de los comuneros para hacerse con las parcelas y expulsar a los actuales y legítimos propietarios es siempre el mismo: que la propiedad del monte les pertenece desde tiempo inmemorial y que este hecho quedó plasmado en levantamientos administrativos de la última década del siglo XIX. El plano en el que sustentan sus demandas es además una fotocopia compulsada de un original del que no se pudo acreditar su existencia.

El presidente de Adechan quiso hacer también un llamamiento a los afectados por esta problemática en Salvaterra do Miño para que se sumen a su asociación y consecuentemente a la plataforma. Esta tiene su propia página web y un mail de contacto para atender a nuevos afectados:  info@afectadoscomunidadesmontes.org.