La propuesta de una Ley de Amnistía en España, fruto de un acuerdo entre el PSOE y Junts para lograr la investidura de Pedro Sánchez, ha generado una ola de preocupación y controversia. Durante los últimos 40 años, los dos grandes partidos políticos en España, el PP y el PSOE, nunca incluyeron en sus programas electorales la idea de "facilitar, permitir o impulsar una Ley de Amnistía". Esta repentina apuesta por la amnistía plantea serias cuestiones sobre la igualdad ante la ley y el estado de derecho en nuestro país.

La aprobación de esta ley supondría la creación de ciudadanos de primera y de segunda. Si bien en Cataluña haber cometido delitos como cortar carreteras, invadir aeropuertos, incendiar contenedores o atacar a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado podría salir prácticamente impune, en cualquier otra autonomía de España, estos actos serían considerados delitos graves que deben ser juzgados y sus responsables rendir cuentas ante la justicia. Esto no solo sería una grave injusticia, sino que también socavaría la confianza en el sistema legal y minaría la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

La amnistía, que antaño era una línea roja para el PSOE, ha desaparecido repentinamente de su discurso tras las elecciones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con la cúpula socialista, sostenían durante años, y hasta el mismo 23 de junio, que borrar los delitos relacionados con el 'procés' era inaceptable. Sin embargo, ahora parecen dispuestos a defender esta medida bajo el pretexto de "necesidad". Esta falta de coherencia y el cambio de posición resultan preocupantes y plantean interrogantes sobre su integridad y la responsabilidad política.

Una Ley de Amnistía busca hacer desaparecer delitos, lo cual no solo es injusto, sino que también socava la credibilidad del sistema judicial y desafía los principios fundamentales de la democracia y el Estado de Derecho. La concesión de una amnistía a los implicados en el 'procés' ha provocado indignación no solo fuera del PSOE, sino también dentro de sus propias filas. Este asunto se ha convertido en el tema central de la actualidad política española.

La Asociación Profesional de la Magistratura, una entidad conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, ha advertido que una Ley de Amnistía en relación con el 'procés' sería "el principio del fin de nuestra democracia". Consideran que esta medida busca "romper" las reglas de la Constitución y amenaza con "volar por los aires" el Estado de Derecho. Además, la amnistía cuestiona el trabajo de los jueces que aplicaron las leyes vigentes en su momento.

Por todo ello la propuesta de una Ley de Amnistía en España es un paso peligroso que socava los principios fundamentales de igualdad ante la ley, el estado de derecho y la democracia. La falta de coherencia política y el riesgo que esta medida representa para nuestra sociedad exigirá un debate serio y un escrutinio riguroso antes de su posible aprobación.