En 2023, la lucha contra la "VIOLENCIA VIAL" se intensifica, trascendiendo las divisiones políticas y convirtiéndose en una causa que une a familias y ciudadanos. A pesar de los avances en la legislación de tráfico, la sociedad considera inadmisible e intolerable que la "VIOLENCIA VIAL" no sea reconocida como un delito específico en el Código Penal español.

El término "VIOLENCIA VIAL" está presente en el preámbulo de la ley 15/2007, que modificó el Código Penal, pero sorprendentemente no se refleja en los capítulos relacionados con los delitos contra la seguridad vial ni en los artículos que abordan las imprudencias en el tráfico. Esta ausencia de reconocimiento específico genera un vacío legal que la ciudadanía considera fundamental corregir.

La sociedad, unida en su rechazo a la "VIOLENCIA VIAL", exige cambios legislativos que reconozcan y penalicen adecuadamente los actos dolosos en el tráfico. La falta de inclusión explícita de la "VIOLENCIA VIAL" como delito en el Código Penal genera un vacío legal que la ciudadanía considera inaceptable. La diferenciación entre accidentes y actos deliberados que ponen en peligro la vida de los demás se convierte en un imperativo para garantizar justicia a las víctimas y sus familias.

En las últimas modificaciones del Código Penal en 2019 y 2022, las voces de las víctimas y sus familias raramente fueron escuchadas en el Congreso de los Diputados, a pesar de la importancia de sus perspectivas. La falta de participación activa de las víctimas ha llevado a que las reformas se centren en aspectos más generales, sin abordar a fondo el problema sistémico de la "VIOLENCIA VIAL".

El problema radica en la falta de reconocimiento explícito de ciertos comportamientos como "Dolosos", especialmente aquellos que implican desprecio total de las normas de tráfico, como conducir bajo la influencia del alcohol, drogas o a velocidades excesivas. La sociedad reclama una diferenciación clara entre accidentes y actos que ponen en peligro deliberadamente la vida de los demás.

La denominación de "accidente" ha contribuido a la normalización de las consecuencias del tráfico, ocultando la responsabilidad individual en ciertas decisiones. La "VIOLENCIA VIAL" se manifiesta en comportamientos específicos que no pueden justificarse como meras "imprudencias", sino que requieren una categorización legal más grave.

La ciudadanía, cansada de la insensibilidad colectiva ante el continuo goteo de tragedias en las carreteras, exige una reforma que permita calificar y penalizar adecuadamente los actos de "VIOLENCIA VIAL". La inclusión de esta categoría en el Código Penal no solo sería un acto de justicia para las víctimas y sus familias, sino que también enviaría un claro mensaje de que la sociedad no tolerará comportamientos que pongan en peligro la vida de otros en las vías públicas. La pregunta que resuena es clara: "¿Por qué, si ya existen herramientas legales, no se utilizan para castigar la "VIOLENCIA VIAL" como actos dolosos?"