En respuesta al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la Ley de Ordenación y Gestión Integrada del Litoral de Galicia, la Xunta de Galicia trabaja arduamente en la preparación de alegaciones. El objetivo es aclarar que la Comunidad es plenamente competente para ordenar su territorio, incluido el costero, y defender la validez de la normativa autonómica.

La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, se reunieron con alcaldes y representantes municipales de la Mariña lucense para analizar la estrategia gallega frente al recurso estatal.

Los representantes de la Xunta destacaron que el dictamen del Consello Consultivo de Galicia respalda la potestad de la comunidad para legislar en este ámbito. Subrayaron que el informe del Consello de Estado, base del recurso de inconstitucionalidad, reconoce la posibilidad de instalaciones mar-industria en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, a diferencia de la posición mantenida por el Gobierno central.

Ángeles Vázquez afirmó que Galicia defenderá los intereses de empresas y ciudadanos con instalaciones en la línea de costa. Criticó el carácter político del recurso estatal y lamentó el proceder opaco del Ejecutivo al no permitir una comisión bilateral para resolver discrepancias, optando directamente por recurrir al Tribunal Constitucional.

Además, señaló que el recurso es arbitrario al exigir a Galicia una modificación del Estatuto de Autonomía para la gestión del litoral, mientras que al País Vasco se le entrega sin esa condición, a pesar de tener estatutos idénticos.

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, calificó el recurso como un agravio comparativo contra Galicia, sumándose a otras negativas del Gobierno central, como la no reducción del IVA de los productos del mar o la falta de desbloqueo del Perte para la industria transformadora.

Este recurso supone un perjuicio para el tejido productivo y los municipios costeros, paralizando las solicitudes para servicios esenciales en el dominio público marítimo-terrestre. La Xunta insta al Gobierno central a retirar el recurso y permitir a Galicia liderar el desarrollo sostenible de su territorio costero.