El reciente Real Decreto-ley 7/2023 del Gobierno de España, destinado a reformar el ámbito laboral en Galicia, ha generado un intenso debate en la comunidad. Aunque presentado como un esfuerzo para simplificar y mejorar la asistencia en casos de desempleo, sus implicaciones prácticas han suscitado preocupación y críticas.

Una de las modificaciones más destacadas es la simplificación de las modalidades de subsidio por desempleo, ahora reducidas a dos tipos: el subsidio por esgotamento y el subsidio por cotizacións insuficientes. Si bien esta simplificación busca mayor claridad, las nuevas cuantías han generado inquietudes entre la población, cuestionando su efectividad para sostener a quienes lo necesitan.

Otro punto de controversia radica en la compatibilidad del subsidio con el trabajo por cuenta ajena a través del Complemento de Apoyo al Empleo (CAE). Esta medida, aunque pretende facilitar la reincorporación al mercado laboral, ha levantado discusiones sobre si realmente favorece a los trabajadores o beneficia más a las empresas.

La penalización en la cotización a la Seguridad Social para las personas que perciben el subsidio para mayores de 52 años ha sido objeto de críticas por parte de sindicatos y organizaciones laborales. Se teme que esta medida impacte negativamente en las futuras pensiones de jubilación de quienes se vean afectados.

En cuanto al permiso de lactancia, la falta de una regulación específica ha dejado dudas sobre la cantidad de días que los padres podrán dedicar a esta importante etapa de cuidado familiar.

La no inclusión de una remuneración clara para el permiso parental también ha sido objeto de críticas. A pesar de que se menciona en el preámbulo del decreto-lei como un derecho complementario, la ausencia de regulación sobre su carácter remunerado deja pendiente una mejora en las condiciones de los trabajadores en este ámbito.

La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha expresado su descontento, argumentando que estas reformas podrían tener consecuencias negativas para los trabajadores al dificultar el acceso a las prestaciones, reducir sus montos y duración, y permitir a las empresas transferir los costos sociales de la precariedad al sector público.

Mientras que algunos defienden estas reformas como necesarias para la flexibilización del mercado laboral, otros temen que representen un retroceso en los derechos de los trabajadores y una vulneración de la protección social. La implementación de estas medidas está programada para junio de 2024, y hasta entonces, la normativa anterior continuará rigiendo los requisitos, importes y beneficiarios de las prestaciones por desempleo.