Un acto vandálico ha generado indignación en las redes sociales tras aparecer una pintada en un edificio público donde se puede leer “Nava anoresica”. El autor o autora, es una persona con limitaciones en su ortografía que, no solo incurrió en un acto de vandalismo sino que también intentó insultar a la alcaldesa de la localidad, Nava Castro.

La propia alcaldesa, Nava Castro, respondió a través de sus redes sociales con ironía, comentando: “Después de los resultados electorales, ¡seguiremos invirtiendo más en educación! Anoréxica se escribe con X”.

Este hecho puede ser perseguido las autoridades legales, ya que de ser identificado el autor o autora a través de un peritaje caligráfico, podría enfrentarse a diversas consecuencias legales según el Código Civil y Penal español.

En primer lugar, se le podría acusar de un delito de injurias, que en su forma grave podría acarrear multas de tres a dieciocho meses, según el Artículo 208 del Código Penal español, mientras que en su forma menos grave, la pena podría ser de uno a tres meses de multa.

Además, se consideraría el delito de daños, cuya penalización varía en función de la gravedad y valor del daño causado al edificio público, con posibles penas de prisión de seis meses a tres años según el Artículo 263 del Código Penal, o multas de uno a dieciocho meses en casos menos graves.

Otra posible acusación sería por un delito contra el honor, castigado con multas de seis a doce meses según los Artículos 205 y 206 del Código Penal, si la pintada se interpreta como un ataque a la honra del político local.

Finalmente, se evaluaría la falta de respeto a la autoridad, la cual podría ser sancionada con una multa, cuya cuantía variará dependiendo de las circunstancias específicas del caso.

Es importante destacar que la determinación exacta de la pena para el presunto autor estaría a cargo del juez, quien considerará todas las circunstancias relevantes del caso. El presunto o los presuntos responsables deben tener en cuenta que la evidencia, como la declaración de testigos, grabaciones de cámaras de seguridad y un posible peritaje caligráfico, podría facilitar la determinación de su responsabilidad legal.