Tanto en Europa como en el resto de los países del planeta, se está viviendo una lucha desigual en la organización política y social. Mientras algunos responsables políticos y gobernantes abogan por el mantenimiento de los privilegios, otros defienden los derechos adquiridos y la creación de otros nuevos que repercutan en el bienestar de una mayoría de sus ciudadanos, especialmente aquellos con menos oportunidades o en situaciones de vulnerabilidad para que no se queden fuera del sistema.

El capitalismo y el liberalismo salvaje han realizado su labor de manera eficiente. Millones de personas se dedican a ir del trabajo a casa, de lunes a viernes, con el fin de disfrutar del fin de semana y de un mes de vacaciones al año. No tienen tiempo para pensar, y han llegado a considerar sus situaciones como algo inevitable e indiscutible.

¿Cómo es posible que, en pleno siglo XXI, existan países donde sus ciudadanos no tengan derecho a una prestación de jubilación en la vejez, a recibir atención pública de asistencia médica cuando están enfermos, a recibir prestaciones por desempleo cuando pierden su trabajo, o a enviar a sus hijos a un colegio público de manera gratuita? Deberían ser derechos y no privilegios.