La morosidad crónica de los Concellos de Galicia se ha convertido en una verdadera calamidad para miles de pequeñas empresas y autónomos que luchan por mantenerse a flote en un entorno económico ya de por sí desafiante.

Un análisis exhaustivo revela que un alto porcentaje de estos entes municipales no solo incumplen de forma sistemática los plazos legales para el pago de facturas, sino que llegan incluso a superar los mil días de retraso en sus pagos, desafiando abiertamente la Ley de Morosidad vigente desde hace más de una década. Cabe destacar que el plazo de pago que debe cumplir un deudor, si no se especifica nada en el contrato, es de 30 días naturales, lo cual resalta aún más la gravedad de la situación y evidencia el desprecio flagrante por las normativas establecidas.

Según lo establecido por ley, el plazo máximo de pago  que deben cumplir las Administraciones Públicas es de 30 días.

Las cifras son alarmantes: mientras que la administración central del Estado y las comunidades autónomas han logrado reducir sus períodos medios de pago a alrededor de 20 días, los ayuntamientos mantienen cifras que superan, en el mejor de los casos, los 40 días en promedio, según datos del año 2021. Pero lo más preocupante es que algunos ayuntamientos llegan a exceder ampliamente el plazo máximo establecido por ley, acumulando una deuda que estrangula a los proveedores más pequeños y vulnerables, con esperas para cobrar que en algunos casos superan los dos años. Esta situación prolongada de impago no solo pone en riesgo la supervivencia financiera de estas empresas, sino que también afecta gravemente a su capacidad para operar de manera efectiva y compromete su viabilidad a largo plazo.

La situación se vuelve aún más crítica en años electorales, cuando la deuda con proveedores se dispara y los compromisos de pago quedan en el olvido. Ejemplos como el del municipio coruñés de Cambre, donde el alcalde Óscar García Patiño renunció debido a impagos que acumularon una deuda cercana a los 5 millones de euros, son lamentablemente frecuentes.

Pero los problemas no se detienen allí. En Ourense, la capital de provincia, la situación es igualmente desalentadora, con más de 14 millones de euros en pagos pendientes para los cuales no hay una asignación presupuestaria clara. Esto refleja la crítica situación económica que enfrentan muchos municipios, donde las facturas se amontonan en los cajones por falta de crédito para su pago.

Incluso en la capital gallega, Santiago de Compostela, la deuda municipal ha alcanzado niveles alarmantes. Con préstamos bancarios y de entidades que suman un total de 40,5 millones de euros, la ciudad enfrenta una situación financiera cada vez más precaria, afectando directamente a la estabilidad económica del municipio y generando un clima de incertidumbre entre los proveedores locales.

Esta morosidad municipal no solo representa una afrenta a la ley y un atentado contra las pequeñas empresas y autónomos, sino que también obstaculiza el desarrollo económico local en su conjunto. Los expertos en Economía Social destacan que "es urgente que los ayuntamientos abandonen la negligencia y cumplan con su deber de garantizar un entorno propicio para la actividad empresarial". Otras fuentes jurídicas consultadas destacan que "la morosidad no puede ser tolerada como una práctica habitual en la gestión pública, pues pone en riesgo el sustento de miles de emprendedores y trabajadores autónomos en todo el país".