Mos
Aprobada la moción de los Populares de Mos a favor de la vivienda a precio asequible
El Pleno del Concello de Mos aprobó esta mañana, por mayoría de sus miembros, una moción en defensa de la vivienda a precio asequible. La iniciativa, presentada por el grupo de gobierno del Partido Popular, contó con el apoyo del propio partido, mientras que PSOE y BNG votaron en contra. La moción insta al gobierno de España a retirar el Índice de Precios de Alquileres publicado en el Boletín Oficial del Estado el 15 de marzo de 2024 y a elaborar estudios independientes sobre el impacto en el mercado antes de declarar zonas tensionadas.
Detalles de la Moción
La moción solicita que se evalúen previamente los efectos de la intervención de precios mediante índices como el publicado, para determinar si tienen un impacto positivo o negativo en la oferta de alquiler y el acceso asequible a la vivienda. Además, se pide al gobierno iniciar un diálogo con las comunidades autónomas y las entidades locales para evaluar los resultados de la intervención de precios, teniendo en cuenta la realidad de los distintos territorios.
Tras su aprobación, se dará traslado de estos acuerdos a la Presidencia del Gobierno, la Vicepresidencia Primera y Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, según informaron la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, y el concejal de Urbanismo, José Ramilo.
Críticas a la Ley de Vivienda
Arévalo y Ramilo destacaron que la Ley 12/2023, del 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, se aprobó sin contar con los principales agentes del sector, como colegios profesionales, institutos de estudios, inquilinos, propietarios, empresas de construcción y rehabilitación y gestores de vivienda. Además, señalaron que tres organismos se pronunciaron en contra de la ley: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Instituto de Estudios Económicos y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
El CGPJ criticó la ley por su "incisiva vigilancia" de la administración sobre el uso de la vivienda por parte de los propietarios y por su "problemático encaje en el orden constitucional de competencias". El Instituto de Estudios Económicos argumentó que el control de alquileres es ineficiente y contraproducente, ya que empeora la oferta en cantidad y calidad, perjudicando a los colectivos de menor renta. Fedea pronosticó que la medida agravaría los problemas de oferta y aumentaría la inseguridad jurídica para los propietarios, desincentivando la inversión.
Recursos de Inconstitucionalidad
La ley ha sido objeto de ocho recursos de inconstitucionalidad, de los cuales seis han sido admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional. Estos recursos afectan a casi la mitad de los artículos y se centran en cuestiones como los criterios de identificación de las zonas tensionadas y la vulneración de las atribuciones en materia de vivienda de las comunidades autónomas. Otros puntos de conflicto incluyen la vulneración del derecho de propiedad, el control de precios de alquileres y la invasión de competencias autonómicas.
Experiencias Internacionales
La práctica de la intervención en el mercado de alquiler ha demostrado, en casos como Cataluña, Berlín, Escocia y San Francisco, que esta política puede agravar los problemas de oferta. En Cataluña, la intervención de precios en 2022 resultó en una subida del 12,7% en las rentas de los pisos más baratos debido a la contracción de la oferta. En Berlín, el tope aplicado creó un doble mercado de precios y redujo la oferta en un 60%. En Escocia, el control de precios paralizó inversiones en vivienda por valor de 3.761 millones de euros. En San Francisco, la intervención en 2019 redujo la oferta de vivienda en alquiler en un 15%.
La ley 12/2023 establece la posibilidad de declarar una zona tensionada y aplicar un índice de referencia de precios para los alquileres. La intervención del mercado de alquileres, según los estudios y experiencias internacionales, tiende a reducir la oferta y aumentar los precios, lo que contraviene el objetivo de facilitar el acceso a viviendas a precios asequibles. Ante esto, la moción del Concello de Mos busca que se reevalúen estas medidas para asegurar que las políticas públicas realmente beneficien a los ciudadanos en la búsqueda de una vivienda digna y asequible.
El Pleno del Concello de Mos aprobó esta mañana, por mayoría de sus miembros, una moción en defensa de la vivienda a precio asequible. La iniciativa, presentada por el grupo de gobierno del Partido Popular, contó con el apoyo del propio partido, mientras que PSOE y BNG votaron en contra. La moción insta al gobierno de España a retirar el Índice de Precios de Alquileres publicado en el Boletín Oficial del Estado el 15 de marzo de 2024 y a elaborar estudios independientes sobre el impacto en el mercado antes de declarar zonas tensionadas.
Detalles de la Moción
La moción solicita que se evalúen previamente los efectos de la intervención de precios mediante índices como el publicado, para determinar si tienen un impacto positivo o negativo en la oferta de alquiler y el acceso asequible a la vivienda. Además, se pide al gobierno iniciar un diálogo con las comunidades autónomas y las entidades locales para evaluar los resultados de la intervención de precios, teniendo en cuenta la realidad de los distintos territorios.
Tras su aprobación, se dará traslado de estos acuerdos a la Presidencia del Gobierno, la Vicepresidencia Primera y Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, según informaron la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, y el concejal de Urbanismo, José Ramilo.
Críticas a la Ley de Vivienda
Arévalo y Ramilo destacaron que la Ley 12/2023, del 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, se aprobó sin contar con los principales agentes del sector, como colegios profesionales, institutos de estudios, inquilinos, propietarios, empresas de construcción y rehabilitación y gestores de vivienda. Además, señalaron que tres organismos se pronunciaron en contra de la ley: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Instituto de Estudios Económicos y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
El CGPJ criticó la ley por su "incisiva vigilancia" de la administración sobre el uso de la vivienda por parte de los propietarios y por su "problemático encaje en el orden constitucional de competencias". El Instituto de Estudios Económicos argumentó que el control de alquileres es ineficiente y contraproducente, ya que empeora la oferta en cantidad y calidad, perjudicando a los colectivos de menor renta. Fedea pronosticó que la medida agravaría los problemas de oferta y aumentaría la inseguridad jurídica para los propietarios, desincentivando la inversión.
Recursos de Inconstitucionalidad
La ley ha sido objeto de ocho recursos de inconstitucionalidad, de los cuales seis han sido admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional. Estos recursos afectan a casi la mitad de los artículos y se centran en cuestiones como los criterios de identificación de las zonas tensionadas y la vulneración de las atribuciones en materia de vivienda de las comunidades autónomas. Otros puntos de conflicto incluyen la vulneración del derecho de propiedad, el control de precios de alquileres y la invasión de competencias autonómicas.
Experiencias Internacionales
La práctica de la intervención en el mercado de alquiler ha demostrado, en casos como Cataluña, Berlín, Escocia y San Francisco, que esta política puede agravar los problemas de oferta. En Cataluña, la intervención de precios en 2022 resultó en una subida del 12,7% en las rentas de los pisos más baratos debido a la contracción de la oferta. En Berlín, el tope aplicado creó un doble mercado de precios y redujo la oferta en un 60%. En Escocia, el control de precios paralizó inversiones en vivienda por valor de 3.761 millones de euros. En San Francisco, la intervención en 2019 redujo la oferta de vivienda en alquiler en un 15%.
La ley 12/2023 establece la posibilidad de declarar una zona tensionada y aplicar un índice de referencia de precios para los alquileres. La intervención del mercado de alquileres, según los estudios y experiencias internacionales, tiende a reducir la oferta y aumentar los precios, lo que contraviene el objetivo de facilitar el acceso a viviendas a precios asequibles. Ante esto, la moción del Concello de Mos busca que se reevalúen estas medidas para asegurar que las políticas públicas realmente beneficien a los ciudadanos en la búsqueda de una vivienda digna y asequible.
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