El Juzgado de lo Social número 1 de Ourense ha estimado la demanda formulada por el interventor del Ayuntamiento de Ourense contra el alcalde y la Administración local, declarando nulo su cese y condenando al regidor por acoso laboral. El magistrado ha ordenado la reposición inmediata del interventor en su puesto y el pago de una indemnización de 30.000 euros.

La sentencia establece que el alcalde inició una campaña de desprestigio contra el interventor a raíz de un informe presentado al pleno el 1 de agosto de 2023. Este informe criticaba resoluciones adoptadas por la Alcaldía contrarias a los reparos formulados por un monto de 24.718.895,10 euros. Según el juez, esta campaña en los plenos y redes sociales tenía el objetivo de justificar el cese del interventor, considerado un funcionario incómodo.

El cese se produjo tras un procedimiento ilegal, según un informe del Ministerio de Hacienda que se opuso a la destitución por no tratarse de un funcionario de libre designación. El juez determinó que el alcalde confundió su papel político con su rol de jefe de personal, dañando la integridad psíquica del interventor.

La resolución concluye que el alcalde actuó en contra de la normativa vigente, que protege la autonomía funcional del personal funcionario con habilitación de carácter nacional. Además, se considera que la actuación del alcalde ha provocado daños en la salud del interventor y que el Ayuntamiento no tomó medidas para evitar el acoso.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).