El presidente de la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), Javier Domínguez, compareció la semana pasada a petición propia ante la Comisión 2ª del Parlamento de Galicia para explicar la propuesta de actualización del canon correspondiente a 2024. Según Domínguez, esta actualización, que afecta a los 295 municipios a los que Sogama presta servicios de gestión de residuos, se debe a las recientes decisiones adoptadas por el Gobierno central en el último año y medio.

Domínguez subrayó que, incluso tras aplicar esta revisión, el importe que pagarán las entidades locales en 2024 seguirá siendo el más bajo de Galicia y de toda España. Explicó que solo el nuevo impuesto sobre el vertido e incineración supuso para la entidad un desembolso de 9,1 millones de euros en 2023. Recordó también que Galicia fue una de las comunidades que, durante la tramitación de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, presentó alegaciones en contra de la creación de este nuevo gravamen, sin éxito.

Además, explicó que en julio del año pasado, el Gobierno central eliminó la retribución que Sogama recibía por la inversión realizada en su planta termoeléctrica, una instalación de última generación caracterizada por su eficiencia y sostenibilidad. Otras medidas, como la recuperación del impuesto estatal sobre el valor de la energía eléctrica y la disminución de la retribución de la planta de cogeneración de Cerceda, también tuvieron un impacto negativo en las cuentas de la empresa, cifrando las pérdidas de 2023 en 18 millones de euros.

Domínguez lamentó que el Ejecutivo central introduzca este tipo de impuestos cuando países como Suecia han decidido eliminarlos por no cumplir los objetivos para los que fueron diseñados. Reiteró que penalizar a todos los municipios y ciudadanos por igual no es el camino para alcanzar los objetivos de reducción, reutilización y reciclaje marcados por la UE. En su lugar, abogó por medidas positivas que incentiven una mayor colaboración e implicación de la población.

Asimismo, Domínguez criticó que el Estado no haya tenido en cuenta las particularidades de cada territorio, ya que, gracias a la valorización energética, la tasa de vertido en Galicia es muy inferior a la media española, situada entre el 50% y el 54%.

Finalmente, el presidente de Sogama defendió la gestión de la empresa pública, que obtuvo beneficios hasta 2022, permitiendo realizar inversiones por más de 100 millones de euros, lo que ha contribuido a afianzar la posición de la planta gallega entre las más eficientes y modernas de Europa. También destacó la bonificación aplicada desde 2019 en el importe del canon a aquellos municipios que cumplían ciertos requisitos, lo que ha supuesto un ahorro de más de 20 millones de euros para las entidades municipales y la ciudadanía.