El Consello de la Xunta ha aprobado el pasado lunes  el decreto que establece la creación de la Comisión Interdepartamental de Coordinación de la Ordenación del Litoral, un nuevo órgano que se encargará de coordinar e impulsar la aplicación práctica de la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia. Esta comisión comenzará a operar en octubre, con la misión de supervisar la elaboración, implementación y seguimiento de los instrumentos necesarios para garantizar la gestión integral de la costa gallega.

La creación de esta comisión, prevista en la ley aprobada en julio de 2023 por el Parlamento gallego, se considera esencial para asegurar la coordinación entre los distintos departamentos y administraciones con competencias en la gestión costera. Esta medida es parte del desarrollo continuo de la normativa autonómica, mientras el Gobierno central aún no ha constituido la Comisión Mixta de Transferencias, que debe abordar el traspaso a Galicia de las funciones y medios para gestionar su litoral.

La comisión, presidida por la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, velará por la correcta implementación de los ocho instrumentos de ordenación específicos previstos en la ley, que incluyen la estrategia de economía azul de Galicia, directrices de ordenación del litoral y planes especiales de rías y playas, entre otros. Estos instrumentos tienen como objetivo gestionar de forma sostenible las actividades en la franja costera y preservar los ecosistemas.

Galicia se ha convertido en la primera comunidad autónoma en regular toda su franja costera, abarcando tanto la zona marina como terrestre. La Ley de ordenación y gestión integrada del litoral, respaldada por una sentencia unánime del Tribunal Constitucional, ofrece seguridad jurídica al sector mar-industria, que emplea a unas 40.000 personas y genera aproximadamente el 5% del PIB gallego.

La Xunta ha solicitado al Gobierno central el traspaso de medios materiales y personales necesarios para gestionar la costa gallega, un proceso clave para alcanzar el autogobierno pleno sobre más de 2.500 kilómetros de litoral. Sin embargo, más de tres meses después de la solicitud, el traspaso sigue pendiente, con el Gobierno central trasladando la responsabilidad de un ministerio a otro.

Pese a estas dificultades, el Gobierno gallego continúa avanzando en la implementación de esta ley clave, como demuestra la aprobación del decreto que regula las funciones y el funcionamiento de la nueva comisión.